Un informe de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) revela el lado oscuro del Grupo Mexico, responsable por la matanza de Pasta de Conchos. En su principal actividad, la minería, el Grupo Mexico es el tercer productor de cobre más grande del mundo con la segunda reserva, segundo en molibdeno, cuarto en plata y octavo en zinc.
En los rankings empresariales latinoamericanos, el Grupo ocupa el lugar 95 en la región (América Economía, 2010) y otro nivel más alto entre las translatinas (a determinarse en la tarea actual de CSA de construcción de un “mapa” regional). En el sector minero, que es su principal actividad (además del transporte ferroviario), ocupa el cuarto lugar regional en orden de importancia, luego de la brasileña Vale y las chilenas Codelco y Escondida. La Southern exporta el 80% de su producción.
El crecimiento del Grupo comenzó aprovechando el ciclo de privatizaciones de empresas paraestatales de fines de los ochenta, al comprar en 1988 el 95% Mexicana de Cobre. Dos años después, ya controlaba el 100% de la minera de Cananea, y conformó la actual Minera México, que ocupa el lugar 28 en el ranking de empresas en ese país.
Más adelante, mediante la compra de la norteamericana Asarco, en 1999, alcanzó el control de la SPCC en Perú, que opera los yacimientos de Toquepala y Cuajone, en los departamentos de Tacna y Moquegua, lo que complementa con un complejo de fundición, refinería y puerto y refinería en la provincia de Ilo. El volumen de ventas de la SPCC (del cual exporta el 80%) es solo algo menor al de la Minera. Ocupa el cuarto lugar en el conjunto de empresas del Perú.
Malas prácticas medioambiental y de salud y seguridad en el trabajo
Todas las actividades mineras del Grupo han sido cuestionadas en este campo, por la existencia de niveles anormales de minerales tóxicos, con afectaciones para sus obreros y la población local. El Sistema Covalence Ethical Quotation, que averigua sobre la reputación ética de las transnacionales, puso en 2008 al Grupo México en el lugar 573 de un total de 581 compañías mundiales analizadas.
Los déficits en salud y seguridad en el trabajo son claros en el caso de Pasta de Conchos, El comportamiento del Grupo en este episodio es especialmente criticable porque en apenas cinco días mandó cerrar la mina, impidiendo que los familiares de los trabajadores pudieran recuperar sus cuerpos, aun cuando la explosión ocurrió a solo 120 metros de profundidad y en terreno plano, lo que contrasta con el episodio chileno del 2010 (750 metros en terreno rocoso). Hay que recordar también que la mayor parte de los trabajadores eran subcontratados, para los cuales la empresa seguramente consideraba que estaba menos obligada contractualmente que los trabajadores fijos.
A partir del episodio Pasta de Conchos el Grupo comenzó una ofensiva antisindical con ayuda del gobiernoLa huelga sindical en Cananea iniciada en julio 2007 y que todavía se prolonga tenía también este tema como eje. La situación es similar en Perú, habiendo dado lugar a indemnizaciones que provocaron la bancarrota de la mencionada Asarco en 2005 - en 2010 el Grupo volvió a comprarla, pagando las deudas, por 3600 millones de dólares. En sus proyectos en Chile, en tierras indígenas, el Grupo también ha sido acusado de no haber realizado evaluaciones de daño ambiental.
Malas prácticas en las relaciones laborales
A partir del episodio Pasta de Conchos, y ante el papel de denuncia que tuvo el Sindicato Minero de México, el Grupo comenzó una ofensiva antisindical con ayuda del gobierno y de otros grupos mineros “solidarios” (el Grupo Peñoles y el Grupo Acerero del Norte, de comportamiento similares) contra el Sindicato Minero. Lo que incluyó la persecución de su principal dirigente (siete juicios, rechazados por diferentes jueces y tribunales) el congelamiento de cuentas bancarias, y la promoción del divisionismo sindical en el sector, incluyendo la aparición de nuevos contratos colectivos.
En el caso de la huelga de Cananea, la estrategia fue desestimulada mediante varios intentos de declaración de ilegalidad, negada por los tribunales ante amparos del sindicato. Luego, argumentando “causa de fuerza mayor” (para referirse a presuntos saqueos de los trabajadores) buscó extinguir las relaciones laborales, despidiendo a 1200 trabajadores y favoreciendo la aparición de nuevos contratos colectivos, firmados por otros dirigentes. Ha habido también diversos episodios de violencia, con participación de “guardias blancas”, con un saldo de cuatro muertos.
Tanto en el incidente de Pasta de Conchos como luego durante la huelga y, en general, los procedimientos jurídicos del Grupo, fue claro el acompañamiento que el Grupo tuvo por el gobierno nacional, cuyo secretario de gobernación, en ese período, era el abogado del Grupo. Un elemento adicional que destaca es la fuerte utilización que hace el Grupo de trabajadores subcontratados, en aplicación de la estrategia clásica de abaratamiento del costo y de menor obligación contractual. De hecho, la mayor parte de los mineros muertos en Pasta de Conchos lo eran.
En Perú, el Grupo México tiene otro largo historial contra la organización sindical creada en sus minas: el SUTOTA (Sindicato Unico de Trabajadores de Operaciones de Toquepala y anexos) y el similar de Cuajone (SUTOCA), constituidos en 2006. En este plano hay una ya larga historia, cuando el gobierno Fujimori ayudó a la empresa a que la negociación colectiva sea de largo plazo, con una duración de siete años.
Últimamente, el Grupo ha avanzado hacia el desconocimiento de cláusulas importantes del convenio, referidas a la duración de la jornada y la distribución del tiempo de trabajo, convirtiendo en obligatorio lo que era facultativo, y con un pago especial. El sindicato demandó vía amparo. También, este año ha habido un accidente mortal de un trabajador, que puso en evidencia la mala política de seguridad de la empresa. Otro frente de conflicto del Grupo es en relación a Ilo, donde existe un importante proceso de unificación sindicatos no desarrollen una estrategia conjunta.
Pero el episodio que más ha trascendido, en noviembre 2010, fue la resistencia de la comunidad local ante un proyecto de expansión del Grupo, mediante una nueva explotación (Tía María) en la provincia de Islay, región de Arequipa. Ante la inminencia de una audiencia publica para el estudio del impacto ambiental del proyecto, la población cercana reaccionó tomando carreteras, provocando detenciones y finalmente la suspensión de aquella instancia, por parte de la Secretaria de Minas. El gobierno peruano ha apoyado este proyecto, en el contexto de una intensa política de concesiones mineras en esta región, que ha llevado a que casi la mitad del territorio esté en esa situación. También en este caso la principal central del país, la CGTP tuvo un papel.
Malas prácticas transfronterizas
En el sector transporte, el Grupo se hizo cargo en 1997 del 74% de las líneas de ferrocarril del Pacífico Norte, de Chihuaua Pacífico y de la línea corta Nogales-Cananea. La empresa se denomina actualmente Ferromex/Ferrocarriles Mexicanos. En relación con el tráfico transfronterizo con EEUU, que es una de sus principales actividades, la empresa tiene un socio local, la Union Pacific, la principal empresa del sector, que es dueña del 25% de las acciones
Al respecto, Union Pacific tiene desde hace diez años repetidos problemas legales en EEUU, a partir de la incautación de droga en las cargas provenientes de México, con demandas gubernamentales presentadas en las cortes federales de Texas, Arizona y California. Union considera que la culpa es de Ferromex, opinión compartida por un estudio sindical encargado por USW en 2008, basada en entrevistas a trabajadores ferroviarios mexicanos, que incluso sugiere que Ferromex ha sido penetrada por narcotraficantes.
¿Qué responsabilidad social?
Se encuentra también en el caso del Grupo México un destacado ejemplo de la ambivalencia que las transnacionales y translatinas practican cuando aprueban códigos de conducta unilaterales que, en el papel, parecen ser un modelo de “comportamiento social responsable”. Efectivamente, la SPCC tiene desde hace años un protocolo sobre los “principios y valores” de la empresa, que establece una cultura de resultados, calidad e innovación, un compromiso con el servicio, el medio ambiente, el desarrollo y bienestar del recurso humano y una responsabilidad social con la comunidad. En el capitulo laboral, el protocolo establece la cultura del “bien ser, bien estar, bien hacer y bien tener”, destacando los valores de la creatividad, honestidad, equidad, responsabilidad, respeto, solidaridad y laboriosidad. (en el anexo adjunto se presenta el texto completo, una curiosidad es que la mención a los artículos aparece en inglés).
Como dato de contexto, hay que recordar una información que el sindicalismo de CSA ha registrado en sus análisis sobre las Directrices sobre Multinacionales de la OCDE: cuando se aprobó, en 2000, la versión más avanzada de este instrumento, el gobierno mexicano (que había ingresado algunos años antes, como premio a su firma del TLCAN), fue el único de los 30 miembros de este “club de países ricos”` que intentó bloquear la iniciativa (información del diario Financial Times y La Jornada, de junio de ese año), porque dijo que temía que esa iniciativa desalentara el flujo de inversión extranjera directa hacia su economía.
