El estado de México aplica desde sus más altas esferas una “política sistemática” de represión contra las libertades sindicales. Lo hace a través de la anulación de la contratación colectiva, negando el derecho a la huelga y afectando el derecho humano fundamental a un trabajo digno.
Esta compleja situación fue constatada y condenada recientemente por el Tribunal Internacional de Libertad Sindical que sesionó en territorio mexicano, y que presentó sus conclusiones en el emblemático Zócalo de la capital del país.
El Tribunal elaboró sus conclusiones después de escuchar el testimonio de representantes de unas veinte organizaciones sindicales, que presentaron pruebas contundentes sobre incumplimientos por parte del gobierno mexicano, conducido por Felipe Calderón, de normas internacionales suscriptas por las autoridades nacionales.
Eso incluye a la Organización Internacional del Trabajo, Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otras. El atentado contra los derechos y las normas laborales se hace a través de la violación de la Constitución y las leyes de este país, su “interpretación manipulada” contra las organizaciones auténticas de trabajadores por cuenta de autoridades administrativas y judiciales, y a través de fraudes procesales con la utilización de vías de hecho, según concluyó el tribunal en su resolución.
Además se puso en tela de juicio la ausencia de una justicia laboral independiente, y se cuestionó a “muchas autoridades” gubernamentales por ser parte de una “red de corrupción” con empresarios y supuestas organizaciones que niegan los derechos fundamentales del trabajo.
“Estas anomias institucionales llevan a la utilización abusiva de las instituciones y disposiciones legales, tales como el registro sindical y la toma de nota, que contradicen el derecho laboral internacional, para servir intereses privados antes que los intereses y derechos de la población mexicana. El extremo es ahora la generalización alarmante de los llamados contratos y sindicatos de protección, verdadera simulación delictuosa para burlar los derechos colectivos de los trabajadores”, continúan en el documento.
Por otra parte, el Tribunal repudió la práctica de la contratación, por parte de empresarios y supuestas organizaciones sindicales, de “golpeadores”, que son grupos de choque que a través de la violencia física, la intimidación y el chantaje “impiden o pretenden impedir el desarrollo del sindicalismo independiente y democrático”.
También se condenó la criminalización de la protesta social y la militarización de los conflictos sindicales. Uno de los casos más recientes fue el ataque del pasado 27 de abril contra una misión humanitaria en el Estado de Oaxaca, por parte de paramilitares. El Tribunal estuvo integrado por especialistas en temas laborales y sindicales de diferentes países, entre ellos el secretario técnico de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, Héctor Castellanos. Se puede acceder a mayor información sobre este Tribunal en el sitio http://tribunaldelibertadsindical.blogspot.com
