Tras la realización del 5° Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), realizado em Ginebra, Suiza, la Agrupación Global Unions, que reúne las federaciones internacionales de trabajadores y la Confederación Sindical Internacional (CSI), divulgó un documento rechazando el actual enfoque económico desregulatorio de la migración.
Según afirman, ese enfoque agrava el déficit de trabajo decente, tanto en los países de origen como de destino, y trata los trabajadores y trabajadoras migrantes como mano de obra ultra-flexible que puede ser contratada y despedida en función de los ciclos económicos.
“La Agrupación Global Unions exige que los Gobiernos modifiquen sus políticas de migración para asegurarse de que contribuyan a los objetivos del trabajo decente establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, dice el comunicado. “La migración laboral, no obstante, no debería constituir una alternativa a oportunidades de trabajo decente en los países de origen. Los Gobiernos deben esforzarse por proporcionar servicios públicos de calidad y empleos sostenibles ahí donde viven los trabajadores y trabajadoras, de manera que la migración se convierta en una opción y no en una necesidad acuciante.”
De acuerdo con los sindicatos reunidos en la Agrupación Global Unions, los trabajadores y trabajadoras migrantes deben disfrutar de las mismas garantías procesales que los demás trabajadores. Eso significa que no debe pesar sobre ellos el continuo temor a perder su empleo por la amenaza de que no se les renueven sus visados.
“Los principios de igualdad de trato y no discriminación en el trabajo, elementos esenciales del programa de trabajo decente, deben ser la piedra angular de toda política de migración. Su aplicación reduce las desigualdades y promueve el desarrollo, la inclusión social y el progreso. Ignorar estos principios crea injusticia, fomenta la explotación de los trabajadores migrantes e induce a una presión a la baja respecto a las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras.”
Por su parte, la CSI emitió una Resolución sobre el tema exigiendo la elaboración de Una Política de Migración Justa, que se resume a la movilización de las centrales sindicales afiliadas en contra del racismo y la xenofobia (para que la ONU asuma la responsabilidad sobre la migración) y a favor de una política basada en las normas laborales y otros derechos humanos.
Por ello, el Consejo General de la CSI determinó, entre otras cosas, que el movimiento sindical se sitúe a la vanguardia de la movilización anti-racista, oponiéndose a cualquier ataque contra la universalidad del principio de igualdad a fin de garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras, migrantes o no, puedan disfrutar de los derechos humanos fundamentales—incluyéndose el derecho a formar y afiliarse a sindicatos y a negociar colectivamente los contratos de trabajo.
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