Desde su fundación en Buenos Aires en 1986, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur se ha marcado como propósito la defensa de la democracia y los derechos humanos en países que habían salido recientemente de largos procesos dictatoriales (Argentina y Uruguay), y otros en los que aún persistían regímenes autoritarios como Chile y Paraguay.
Un poco más acá en el tiempo, cuando a principios de la década de 1990 los gobiernos comenzaron a formalizar sus acuerdos para la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur), la Coordinadora se definía como un organismo sindical de contralor de las propuestas gubernamentales en materia de integración regional.
En una carta dirigida a los presidentes en diciembre de 1992, los trabajadores organizados de la región reclamaban la necesidad de "construir la integración económica y social de nuestros países con otros principios", una propuesta que todavía sigue vigente.
Este lunes 2 de agosto, y en ocasión de Cumbre de Jefes de Estado que se desarrolla en la ciudad argentina de San Juan, la Coordinadora presenta una nueva carta a los presidentes, en la que advierten, entre otras cosas, que las economías centrales “intentan socializar” las pérdidas de la aplicación “irresponsable del modelo neoliberal”, y transferir a esta región “sus efectos desastrosos”.
“La CCSCS ratifica su compromiso con la construcción de un nuevo modelo de integración a partir de los intereses de nuestros pueblos, basado en firmes acuerdos que profundicen los procesos económicos, políticos, sociales y culturales con equidad, inclusión social y mejor distribución de la riqueza”, ratifican en otro pasaje del documento.
A pesar de eso, según afirman, el proceso de integración mercosuriano sigue atravesando situaciones que “no le permiten estar a la altura de los requerimientos que la actual coyuntura le exige”, y mantiene problemas como la inexistencia de espacios de articulación política para resolver conflictos comerciales; la lentitud para la puesta en marcha de las acuerdos; la incapacidad institucional de adaptar las estructuras negociadoras a los nuevos tiempos políticos y la falta de instancias supranacionales “con visión regional”, entre otras cosas.
“Producto de la presión de la sociedad, liderada por las centrales sindicales de la subregión, el Mercosur creó espacios de tratamiento de los temas laborales y del empleo y creó una Dimensión Social. Pero hoy, luego de muchos años y esfuerzos desde el punto de vista del trabajo y los derechos laborales, poco o casi nada ha sido efectivizado”, se lamentan.
Entre otras cosas, las centrales sindicales reclaman que la Comisión Sociolaboral tenga “financiamiento y condiciones mínimas” para velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos en el campo de los derechos laborales fundamentales. “Los Organismos Sociolaborales y el Observatorio del Mercado de Trabajo (el cual ni siquiera contempla oficialmente la participación de los actores sociales) deben ser fortalecidos y valorizados, dotándolos de los recursos necesarios y garantizándoles la jerarquía política que les corresponde”, proponen.
