La cita está fijada para el 4 y el 5 de mayo en la capital española. La V Cumbre Sindical Unión Europea-América Latina y Caribe es convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA).
La actividad se desarrollará en la sede del Consejo Económico y Social, y su principal cometido es reivindicar el papel del movimiento sindical en el proceso de relaciones entre la Unión Europea y América Latina y Caribe.
Se estima que participarán unas 100 personas, y la actividad, como en anteriores oportunidades, culminará con un "llamamiento" dirigido a los Jefes de Estado y de Gobierno que se reunirán el 17 y 18 de mayo en Madrid bajo la Presidencia española de la Unión Europea.
Compartimos para la discusión de las centrales sindicales el documento marco que se elaboró para discutir en esta V Cumbre Sindical
Madrid
Documento Marco
Introducción
La 5ª Cumbre Sindical América Latina y Caribe - Unión Europea, intitulada “Por el fomento del empleo, la cohesión social y los derechos de los trabajadores en las relaciones entre Europa y América Latina” se produce en el marco de un mundo que aún no ha salido de la peor crisis económica de los últimos tiempos con altos costos para los y las trabajadoras de las dos regiones que aquí se reúnen.
Esta coyuntura ha agregado desafíos a nuestros países que se suman a los que América Latina, el Caribe y la Unión Europea enfrentábamos de forma conjunta desde 1999, año en que se decidió iniciar una asociación estratégica en la primer Cumbre, en Río De Janeiro, Brasil.
Desde el inicio de esta Asociación, e incluso desde antes, los movimientos sindicales de una y otra región hemos seguido con atención y activa participación la evolución, los pasos que se han dado de forma conjunta para cimentar sobre nuevos vínculos una relación profundamente enraizada en nuestras historia como naciones, países y pueblos.
Hace diez años vimos con optimismo el comienzo de una relación que, renovada, podría contribuir al bienestar de los y las trabajadoras de nuestros países. Sin embargo, luego de estos diez años vimos que los nuevos vínculos tienden a consolidar un tipo de relación que no contribuye al modelo de desarrollo que esperamos en una y otra orilla del océano Atlántico: por un lado queda estancada en una serie de eventos y cumbres que más allá de las buenas intenciones no han arrojado resultados concretos para el avance del bienestar social de nuestros pueblos y, por otro, lo intenta a través de medidas tales como los llamados acuerdos de asociación, transmitiendo un modelo de sociedad y desarrollo económico social de corte neoliberal que estigmatiza roles productivos para nuestros países – América Latina y el Caribe como fuentes de materias primas, alimentos y recursos naturales versus Europa proveedora de tecnología y bienes industrializados – que lejos de avanzar hacia la justicia social, produce sociedades divididas social y económicamente.
A pesar de la sensación de que la agenda birregional se focaliza en la negociación de los tratados, trabajadores y trabajadoras de la región tenemos preocupaciones que van más allá de ellas y que incluyen una serie de temas que enumeramos a continuación que forman la estructura de este documento de trabajo que la CSA y la CES elaboramos de forma conjunta ante la V Cumbre ALCUE:
- Una profunda preocupación por cómo se está dando la salida a la crisis, pues consideramos que muchos gobiernos – y algunas instituciones nacionales - se preparan para salir de la misma sin considerar que el alto nivel de desempleo, la peor de las consecuencias de la misma, perdurará más años que la recuperación del PBI y que esto requiere de políticas activas de parte de los estados.
- La percepción de que estamos perdiendo una oportunidad de avanzar hacia otro modelo de gobernabilidad económica global que incluya regulaciones más eficientes – como la tasación de las transacciones financieras - que traigan mayor justicia económica al mundo y beneficien a los y las trabajadoras, que sin ser los culpables de la crisis, son los que más alto precio estamos pagando.
- Que se comprenda que ésta es la crisis del modelo neoliberal de desarrollo y que mecanismos tales como los acuerdos de libre comercio, una de sus herramientas fundamentales, han caducado, por lo que es necesario, para no volver a los desastres económico sociales, pensar nuevas formas de relación económica que contemplen la complementariedad y la atención a las desigualdades entre las regiones como prioridad principal. Es necesario que la voluntad política inicial de los gobiernos de la UE y ALC sea la de construir un modelo de desarrollo sustentable que traiga justicia social para los
ciudadanos y ciudadanas de las dos regiones.
- Reivindicamos a la integración regional como una de las vías para la promoción del desarrollo sustentable económica y socialmente, condenamos todas las políticas que atentan contra la ya de por sí difícil tarea de construir procesos de integración en nuestras regiones y exigimos mayor vigor, incluso dentro del marco de las salidas a la crisis, de la profundización y reactivación de dichos procesos, que en la actualidad parecen estancados.
- Problemas como las migraciones requieren urgente tratamiento y la asunción de políticas coherentes de parte de los países de origen y de destino. Los y las trabajadoras migrantes deben gozar de la misma protección social, de convenios de seguridad social birregionales, y también de su derecho a no migrar.
- Medidas tales como los fondos de cohesión entre las regiones son una opción que el sindicalismo concibe como viable en el marco de la relación birregional, siempre y cuando los mismos se inserten en estrategias de desarrollo socialmente inclusivas y ambientalmente sustentables.
- Del mismo modo, las inversiones extranjeras así como sus principales agentes, las Transnacionales, fundamentalmente las Europeas, pero ahora también de origen latinoamericano – las llamadas translatinas - no pueden operar en contextos totalmente desregulados que facilitan la generación situaciones de abusos económicos, sociales y ambientales, así como la explotación indiscriminada de recursos naturales no renovables. Son necesarios controles y orientaciones claros que empalmen con estrategias de desarrollo sustentable para nuestros países.
- Es necesario prestar especial atención a la condición de muchos trabajadores y trabajadoras de América Latina y el Caribe que reivindican su condición de pueblos indígenas como parte de su identidad no sólo política sino también cultural y social.
- Nos preocupa la salida a la catástrofe natural, económica y social en Haití. A la reconstrucción física debe sumarse la construcción, por primera vez, del edificio social haitiano, teniendo como cimiento los derechos de los/as trabajadores/as de ese país. Demandamos a nuestros gobiernos soluciones integrales que tengan al trabajo decente y la participación de los y las trabajadoras haitianas como agentes centrales de la reconstrucción de Haití.
- La situación política de Honduras sigue siendo sumamente grave. Debe mantenerse el desconocimiento internacional a un régimen de dudosa legitimidad, surgido de elecciones con más del 70% de abstención, organizada por un gobierno de facto, en una ambiente de represión y persecución hacia todos los sectores que condenaron el golpe militar, entre ellos el movimiento sindical. El cuadro se ha visto agravado desde la asunción del gobierno de Porfirio Lobo, con asesinatos de dirigentes sindicales, periodistas, activistas campesinos y defensores de DDHH, sin que las nuevas autoridades den cuenta de su responsabilidad y, por el contrario, se denota un claro entendimiento entre la clase económica y política tradicional, la mayoría de ella involucrada con el golpe de junio de 2009 y el nuevo gobierno. Frente a ello se requiere la reapertura de un diálogo político y de caminos institucionales que devuelvan la democracia a los hondureños y hondureñas. La presión internacional sobre el régimen ilegitimo de Porfirio Lobo no puede cesar y su reconocimiento será insistentemente resistido por el movimiento sindical de las dos regiones.
- La violencia antisindical en Colombia y Guatemala se mantiene como una situación crónica y persistente. El asesinato de sindicalistas, amenazas y la persecución contra los dirigentes, no dejan de ser una práctica recurrente, que por la inexistencia de acción Estatal y la impunidad casi absoluta de los crímenes, convierten a la militancia sindical de esos países en la más expuesta y violentada del mundo. La destrucción de los sindicatos, la flexibilización y precarización laboral así como la prácticamente nula negociación colectiva, completan un cuadro de una política estatal que muchas veces cuenta con el aval o connivencia de sectores patronales. Esta situación debe ser condenada de manera vehemente por el sindicalismo de ambas regiones, así como mantener y profundizar la solidaridad de clase con nuestros hermanos/as de Colombia y Guatemala.
- Nos preocupa que no se estén realizando estudio de impacto ambiental de las negociaciones UE-ALC, sobre todo en el marco de la importancia que ha tomado en la agenda internacional las negociaciones sobre cambio climático. Un acuerdo de libre comercio, tendería a favorecer las falsas soluciones al cambio climático, entre otros al promover por ejemplo una América Latina agroexportadora de materias primas (para etanol), lo que promueve la expansión de la frontera agraria, y por consiguiente mayor deforestación. Tratamos aquí también de la historia de la relación del movimiento sindical de Europa y ALC en la búsqueda por definir un camino de cooperación de clase birregional, sabiendo que la diversidad de culturas e intereses no impiden la construcción de lazos de solidaridad entre sindicalistas europeos, latinoamericanos y caribeños.
El balance de los diez años de Asociación Estratégica de las dos regiones desde la perspectiva del movimiento sindical es una tarea necesaria, las deudas que nuestros gobiernos han generado en sus sucesivas declaraciones y programas de acción, el débil ritmo de trabajo entre cumbres y las salidas que vemos como viables son incluidas dentro de las reflexiones de este documento
Crisis mundial, telón de fondo de las relaciones UE-ALC
Una gran cuestión desde el inicio de este año, con la mejora de algunos indicadores de producción, y que viene siendo debatida, muchas veces de forma poco seria, es si la crisis mundial de múltiples aspectos que estalló de forma más aguda en 2008 habría pasado o no. Si por crisis estamos entendiendo pura y simplemente una retracción de la actividad económica, es posible que hoy se pueda decir que la crisis está amainando, sin embargo, desde el punto de vista de los trabajadores, cuando se observan los impactos en los ingresos y la tasa de desempleo, se percibe que estamos aún muy lejos de volver a los niveles anteriores a la eclosión.
Mientras, si estamos entendiendo por crisis un cambio estructural, donde independientemente de que estemos ampliando la actividad económica o no, cambiaron o están cambiando fundamentalmente las condiciones de operación del sistema, estamos aún muy lejos de hablar del fin de la crisis, tal como, dicho sea de paso, lo han demostrado los debates sobre la posibilidad de administrar los déficits y deudas públicas en varios países que se han ampliado con las medidas de emergencia y socorro a los bancos e instituciones financieras, la persistencia de los niveles de desempleo elevados y las dificultades de establecer nuevas y amplias regulaciones sobre el sistema financiero.
El proceso iniciado a partir del mercado inmobiliario de los Estados Unidos fue el detonante para el fin del ciclo expansivo basado en el dinamismo generado a partir de los mercados financieros que duró cerca de 20 años, período de la gran hegemonía neoliberal a escala mundial. Este modelo estimuló un proceso de creación de innovaciones en los mercados financieros y la liberalización de los movimientos financieros a escala mundial, ampliando los horizontes de los inversores/especuladores, pero también aumentando significativamente la competencia entre las instituciones financieras, y por esa vía el riesgo en la búsqueda de valorización dentro del sistema.
Junto a esto, mientras a este proceso de financierización de la riqueza se correspondía con un aumento de la concentración de las ganancias en varios países del mundo a favor de los detentores de la riqueza financiera y la consecuente reducción de la participación de los trabajadores en la riqueza nacional, el consumo era sustentado por la superampliación de los mecanismos de crédito.
Además, la liberalización comercial (que venía con la marca de la Organización Mundial del Comercio, OMC, creada a mediados de los 90, y que agregaba a la discusión comercial tradicional a la liberalización de las inversiones, de los sectores de servicios, incluidos los financieros, y otros), la privatización de las empresas públicas y las reformas del sistema previsional, inyectando combustible en los mercados de capital, la desregulación de los mercados, y otros mecanismos, potencializaban un mundo en el cual los competidores financieros debían buscar nuevos espacios de valorización de los capitales, incentivando la financierización de la riqueza y de las relaciones sociales.
Todos los espacios abiertos, toda creación humana, todo el planeta, se transformaron en un inmenso espacio de acumulación de riquezas financieras Para los trabajadores/as organizados/as, este proceso represento también la financierización y volatilidad de una parte importante de sus ingresos a los largo del período, con la introducción y ampliación de una serie de mecanismos de remuneración variable, como bonificaciones, participación en las ganancias, cobros en acciones, jornada de trabajo flexible, entre otros.
Representó también, en la mayor parte de los países, debatir con el tema de la reforma del sistema de jubilaciones, en general incorporado a la discusión so pretexto de la existencia de dificultades de naturaleza fiscal, pero que en la práctica representaban el deseo de los agentes financieros de expandir sus posibilidades de operaciones en esa área.
Este modelo que funciono hasta aquí se agota con la crisis de las proporciones que estamos viendo. Independientemente de las enorme diferencias que existen entre la crisis de inicio del Siglo XXI y la crisis de los años 30 del siglo XX, hay una gran lección para sacar de esta crisis – el sistema económico especialmente el capitalismo en su versión más financiera, dejado a su libre funcionamiento tiene una enorme tendencia autodestructiva que necesita ser controlada, y es exactamente por eso que necesita regulación. Esta idea, aprendida a un costo muy alto con la crisis de los años 30, necesitó una nueva crisis de grandes proporciones para ser nuevamente recordada, y tenida en cuenta seriamente por los decisores políticos y económicos.
Existen en este momento enormes incertezas sobre lo que vendrá. Después de todo, lo que vendrá está aún en construcción, y eso es exactamente un período de crisis, donde las certezas que tuvimos hasta ayer ya no valen más, pero las condiciones que tendremos en el futuro aún no son claras ni han madurado. En este contexto, pueden resurgir turbulencias financieras, reestructuraciones económicas, conflictos geopolíticos, convulsiones sociales, debates sobre temas variados, disputa política más intensa. Este es el proceso de una crisis, un cambio en las condiciones de operación del sistema, y no un movimiento de ascensor, para arriba o para abajo, de los índices de la actividad económica.
Es en este nuevo ambiente que vuelven a la discusión con más intensidad las negociaciones sobre eventuales acuerdos entre los países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Un ambiente en que la crisis cambió las condiciones preexistentes, de tal modo que es fundamental constituir marcos nuevos para un proceso de discusión que apunte a la construcción del futuro, y no para intentar reavivar lo que tuvimos en los 20 años anteriores y vimos naufragar en los últimos 2 años.
El debate sobre el Desarrollo: las alternativas al neoliberalismo centradas en el trabajo decente y la sustentabilidad económica, social y ambiental.
En función de los cambios del cuadro general, es fundamental reestructurar el debate sobre el desarrollo apuntando a la construcción de un futuro donde la producción, reestructurada en standards ambientalmente sustentables, ocurra impulsada por el crecimiento del nivel de salarios y empleo, y por la mejora de la seguridad en el trabajo y la calidad de vida. El periodo anterior representó la negación de esto, con la riqueza financiera y el endeudamiento público y privado expandiéndose exponencialmente. Es necesario cambiar. En este sentido, debe ser vista como extremadamente peligrosa la insistencia en recolocar en sus carriles al tren descompuesto del neoliberalismo, tal como está siendo diseñado en los programas que han sido sugeridos al gobierno griego, implicando un fuerte ajuste al presupuesto público, el intento de reducción de los salarios públicos, y la reforma del sistema previsional, no representando ninguna sorpresa, especialmente para las organizaciones de trabajadores/as de América Latina y el Caribe, que ya han vivido tanto este tipo de políticas en los pasados 20 años, que este conjunto de medidas acabe siendo incluida en el núcleo de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Es necesario, por lo tanto, construir un nuevo ambiente donde, distinto de los momento hegemónicos del llamado “pensamiento único” y de los intereses financieros, sean abiertos efectivos espacios de negociación social, con el objeto de reestructurar una economía más socialmente regulada. En este sentido, debe ser incluso abierto un espacio para la rediscusión, auditoría y eventualmente el cancelación de las deudas externas e internas ilegítimas y/o injustas. La base ideológica y política para la retomada de una intervención más activa de los Estados Nacionales, coordinados en esta acción o no, parece estar dada por la propia crisis del capitalismo desregulado, donde las empresas en dificultades fueron las primeras a pedir una intervención más activa del Estado para garantizar su supervivencia, y la supervivencia del sistema en su conjunto.
Las discusiones recientes a nivel del G-20, selecto grupo de países desarrollados y algunos invitados en desarrollo, mientras no tenga la representatividad del conjunto de la comunidad de naciones, muestra aún que también en el área comercial deben ser esperados cambios significativos del cuadro vigente en los últimos 20 años. El gobierno de los Estados Unidos ha afirmado permanentemente que los EEUU no serán más la locomotora de consumo que funcionó en el período anterior, y que países que se aprovecharon de esa situación para ocupar mercados en los EEUU, tales como China y Alemania, récords en exportaciones y saldos comerciales, deben buscar hacer crecer sus mercados internos para compensar la reducción del dinamismo que se producirá a raíz de las restricciones del mercado norteamericano. Esta posición de los EEUU está obviamente en discusión en el G20, ya que Alemania y China se oponen, pero hace señales hacia una situación de comercio mundial mucho más regulado, a pesar de que las declaraciones anteriores de reuniones del G20 hayan afirmado los principios del libre comercio. Por lo tanto, la revisión de la liberalización comercial, y la estructuración de un sistema comercial más justo, donde el conjunto de países pueda desarrollarse, y no especializarse y ser subalterno en el sistema, es fundamental.
Además, es fundamental que los Estados nacionales vuelvan a regular y coordinar el conjunto de las políticas de Estado, en especial la política económica y financiera, en el sentido de que las inversiones se orienten a la producción y a la garantía del pleno empleo y de trabajo decente de calidad. Los Estados nacionales deben coordinarse, y coordinar a nivel de cada país políticas públicas que operen hacia una distribución justa y más igualitaria de la riqueza producida, revirtiendo la concentración del período de la hegemonía liberal, en el que la política fiscal sirva para financiar el crecimiento de los ingresos y el empleo, la ampliación y mejor de la calidad de los servicios públicos, y un sistema de previdencia justo, previsible y sustentable.
También debe ser considerado fundamental en estos nuevos marcos el apoyo a la producción agrícola sustentable ambientalmente y basada en los principios de la seguridad y soberanía alimentaria y en la agricultura familiar. La crisis reciente tuvo un componente también alimentario, y mostró los riesgos, especialmente para la población y los países más pobres, de tener un sistema de producción y consumo basado en la commoditización de alimentos a escala internacional, siendo importante recordar esta lección de aquí en adelante, trabajando para viabilizar dignamente la producción de la agricultura familiar.
La creación de un ambiente económico que permita un desarrollo justo y sustentable para el conjunto de los países del mundo no es una tarea que pueda ser efectuada sin la coordinación de esfuerzos, políticas y sobre todo de recursos financieros. Es fundamental, por lo tanto, que los países que disponen de más recursos puedan contribuir con fondos internacionales que posibiliten la reducción de las desigualdades hoy existentes y la retomada del desarrollo en un nuevo rumbo de sustentabilidad y equidad entre los varios países y al interior de cada uno de los países.
Integración Regional vs. Tratados de Libre Comercio. La oportunidad de las relaciones UEALC.
La discusión de las relaciones entre la UE y América Latina/Caribe deriva de situaciones históricas, y de afinidades culturales, lingüísticas y, en la mayoría de los casos de compartir valores – inclusive deportivos - , explicados por una historia de colonización hasta un determinado momento, y de migraciones recíprocas en un sentido otro, dependiendo del momento histórico.
En el período más reciente, a partir de la segunda mitad de los 90, estas relaciones estuvieron marcadas por el intento de construir junto con los países de América Latina acuerdo de asociación que formalmente buscaban coordinar el diálogo político, la creación de zonas de libre comercio y la cooperación. Con los países caribeños, especialmente en el período más reciente, esa discusión se centró en los acuerdos de asociación económica (conocidos por la sigla en inglés “EPA”). En la práctica, los dos tipos de acuerdos se centraban en los temas de libre comercio, y trataban tan solo
de manera formal los demás asuntos – y donde el regateo central era una eventual apertura de mercados para productos agrícolas sin procesar y productos agrícolas procesados por parte de la Unión Europea, a cambio de apertura de mercados para productos industriales, en servicios y en compras gubernamentales, y el reconocimiento de reglas de propiedad intelectual y reglas de origen por parte de los países de América Latina/ Caribe.
Un sesgo que, se viabilizado, ayudaría a cristalizar la condición de los países de ALC como proveedores de productos intensivos en recursos naturales para la UE (cerca de ¾ de las exportaciones de la región de ALC para la EU son productos basados en recursos naturales, siendo que la mitad del total son productos primarios y un cuarto de productos manufacturados basados en recursos naturales según datos del Centro de Estudios para la América Latina y el Caribe - CEPAL - de Naciones Unidas), con fuertes impactos negativos sobre el medio ambiente y las sociedades derivados de este perfil exportador. Este comportamiento muestra un énfasis basado en los principios vigentes en el período de hegemonía neoliberal (lo que explica inclusive la simultaneidad entre las discusiones de acuerdos entre la UE y los países y bloques de ALC, y las discusiones que se estancaron sobre la formación de un Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA), y que puede y debe ser alterado a partir de ahora.
Hay que considerar alteraciones sustanciales en los marcos de la discusión ocurrida en los últimos años. Las principales de ellas relativas a cambios cualitativos de los dos lados de las negociaciones.
Mientras en los últimos años la UE se amplió de 15 para más de 25 países, con todas las contradicciones, discusiones, negociaciones y sinergias que este proceso presentó, y del lado occidental del Atlántico avanzaron las discusiones y la concreción de procesos regionales de integración, que van desde la profundización o creación de grupos menor y más cohesionados (estructural y/o políticamente), como el MERCOSUR o el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), hasta estructuras más ampliadas, como la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas) o el esbozo de una organización de Estados de América Latina y el Caribe. Esto significa que, de los dos lados del Atlántico, ocurrieron importantes alteraciones cualitativas, que representaron una reconfiguración del cuadro vigente hasta entonces, con todas las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista de una articulación política ampliada (donde podríamos poner como ejemplo tanto las discusiones sobre el Tratado de Lisboa y la “constitución europea”, de un lado, como los debates para la creación de un eventual “parlamento” de la UNASUR, del otro), de una coordinación (o propuesta de coordinación) de la integración de los mercados locales, de inversiones y de articulación de estructuras productivas.
Debemos considerar también las experiencias concretas de los acuerdos que fueron firmados de la EU con México y Chile que acabaron no representando más que nuevos acuerdos de libre comercio entre los muchos que esos países firmaron (los dos son récords regionales de acuerdos de comercio), y que no contribuyeron para alterar la calidad y el sentido de la realidad económica. En años del Mundial de Futbol no está de más recordar que países de dos bloques de naciones, Unión Europea y Mercosur, ganaron todos los títulos de Copas del Mundo de fútbol.
Estos países, uno cada vez más dependiente de los EEUU – México – y otro cada vez más dependiente de sus exportaciones de bienes primarios al Asia – Chile.] Finalmente, como factor importante que ha alterado, la estructura y la calidad de las negociaciones que estaban en curso, hay que considerar a la crisis económica internacional a partir de los últimos dos años, y todas las alteraciones que ésta implica desde el punto de vista político, económico, ideológico, de la geopolítica internacional, y otros, haciendo imposible que tenga sentido seguir conversando en los marcos anteriores, sin una reconfiguración de objetivos e instrumentos de acuerdos interregionales que comienzan a darse en un mundo estructuralmente más incierto.
Más allá de los Acuerdos de Asociación. Los otros temas esenciales. Cohesión Social, Cooperación y Fondos de Cohesión
Medidas tales como los fondos de cohesión entre las regiones son una opción que el sindicalismo concibe como viable en el marco de la relación birregional, siempre y cuando los mismos se inserten en estrategias de desarrollo socialmente inclusivas y ambientalmente sustentables.
El centro de la cuestión radica en la estrategia de desarrollo. Por ello, siguiendo incluso el ejemplo Europeo, vemos que la clave para alcanzar la meta birregional de extender la cohesión social fundamentalmente a los países menos desarrollados de América Latina no puede entenderse sin una alusión clara a una estrategia compleja que piense cohesión social/cooperación para el desarrollo y Fondos de Cohesión como sus tres pilares fundamentales.
Somos conscientes que no es este el camino adoptado a través de los EPAs y los llamados Acuerdos de Asociación como prioridad en la estrategia biregional de los gobiernos, lo que desnuda el carácter contradictorio o, en la peor de las hipótesis, retórico - de las declaraciones de Cúpulas y reuniones oficiales ALC-UE.
Esta cumbre que se celebra casi 11 años después del inicio del acercamiento estratégico entre la UE y ALC se produce también a 6 años de que, en el marco de estos diálogos apareció el tema de la cohesión social como uno de los ejes centrales de esta relación birregional: es en 2004, cuando la Cumbre de Guadalajara lo incorpora, luego de que la Comisión Europea lo propusiera al Grupo Río (2003). En las declaraciones gubernamentales el énfasis en este tema ha ido en crecimiento. Si la Cumbre de Viena se limitaba a plantear que la cohesión social sería una prioridad relevante en los programas birregionales de cooperación y asistencia, la de Lima fue más lejos.
Además de la referencia general sobre que se necesitan “sociedades más inclusivas y cohesionadas” y de que “el logro de la cohesión social requiere superar la pobreza, desigualdad y exclusión”, se comprometía a ”tomar en cuenta las asimetrías entre los países y nuestras dos regiones, en la integración regional” y, en el capítulo de cooperación, mencionaba la necesidad de “fondos para el desarrollo de países de renta baja y media, fondos anticíclicos para financiar políticas sociales, y fondos para la reconversión y solidaridad social”.
Hoy, al menos en el plano discursivo de esta relación se observan tres niveles de referencias sobre la cohesión social: en el plano de los propios acuerdos UE-ALC, en cuanto a las asimetrías entre las dos regiones; en el plano de los acuerdos de integración regional propiamente latinoamericanos; en el plano nacional de los países latinoamericanos. Así mismo, las referencias sobre cohesión social remiten de forma directa al instrumento clásico utilizado por la UE hacia su mercado interior, los fondos de cohesión/estructurales/compensadores.
Los destinos presupuestarios de los fondos clasificados en tres grandes conjuntos: recursos humanos, educación y formación (con cerca del 30% del total); infraestructura, transporte y medio ambiente/agua (cerca del 35%), y promoción económica (agro, industria y servicios) (algo menos del 40%).
Al conjunto de iniciativas sobre cohesión social y fondos estructurales, en los dos últimos años se ha agregado la proveniente de la Fundación Alternativas, quien, a fines del 2007, comenzó su propio proceso de elaboración de ideas en la misma dirección, aplicada a la Asociación Birregional en general, y al MERCOSUR en particular (en una primera etapa).
En la declaración de 2008, surgida del Foro Sindical de Lima el contenido sobre cohesión y fondos es parte de un enfoque integral, que pudiera denominarse de “dimensiones múltiples” ya que, además del doble pilar tradicional en los acuerdos europeos (político y de cooperación) y del propiamente comercial ahora central, se explicita la necesidad de un cuarto (sociolaboral) y de un quinto (cohesión social), junto con el componente participativo transversal.
Las declaraciones sindicales iberoamericanas han seguido igual patrón:
- “los fondos estructurales es un campo específico de transferencia de experiencias” y “las organizaciones iberoamericanas deberían tomar parte en el financiamiento de estos fondos”. También se citaba a la PLA (ver más adelante) destacando los temas allí promovidos en este campo: inversión en proyectos productivos y programas sociales, erradicación del hambre y pobreza. Asimismo, se consideraba que “las organizaciones iberoamericanas deberían tomar parte en el financiamiento de los fondos propuestos por la PLA (Madrid, 2005, previo a la Cumbre de Salamanca).
- “las asimetrías entre ambas regiones tienen condicionamientos que deben ser observados, llevando a definir políticas compensatorias de fondos estructurales y de cohesión social que reduzcan las diferencias. En este sentido, los objetivos comerciales y económicos no deben tener primacía sobre las metas sociales” (Cartagena, septiembre 2007, previo a la Cumbre de Santiago). De forma similar a lo realizado por el sindicalismo en el plano regional, en el MERCOSUR, las organizaciones integrantes de la CCSCS incorporaron rápidamente esta temática a su estrategia, cuando ante la Cumbre de los Ministros de Trabajo (reunidos por primera vez en Foz de Iguazú, diciembre 1991), presentaron una carta planteando la necesidad de “crear fondos estructurales de carácter social para atender a las personas, grupos o regiones que no se beneficien con la integración, y para disminuir la asimetría que se verifica”.
En sus Cartas a los Presidentes (Brasilia, 2002 y Montevideo, 2003), la CCSCS volvió al tema en el marco de sus comentarios sobre políticas comunitarias, al afirmar que para su desarrollo se requieren fondos regionales, encargados de apoyo financiero y crediticio a la producción, incluyendo la reconversión productiva, priorizando las Pyme, sectores y regiones que puedan generar resultados rápidos en materia de empleo, reducción de desequilibrios regionales, apoyo a los desocupados, y programas de recalificación profesional.
Como fundamentación, se señalaba que “cada uno de los países del MERCOSUR tiene heterogeneidades regionales internas. Es decir regiones de mayor y de menor desarrollo económico y social relativo. En general las variables económicas y sociales tienen un rango inferior en las regiones de menor desarrollo relativo. La no atención de esta problemática puede derivar en el vaciamiento de regiones al trasladarse la población hacia regiones con mayores oportunidades laborales”.
El tema está instalado en el debate sindical y hemos sido activos en el debate en relación a las iniciativas oficiales. Existe una visión sólida sobre la necesidad de que los pilares cohesión social/cooperación/fondos sean parte de una estrategia compleja que incluya al comercio como elemento subordinado y no como elemento central hacia la construcción de un modelo sustentable de desarrollo para ambas regiones. La cohesión social en un escenario de extractivismo es imposible.
La oferta de fondos fuera de una estrategia tal, o como paliativo a los efectos masivos que la apertura comercial indiscriminada pueda tener, nos remitiría a una situación en la cual los fondos de cohesión se transformarían en una suerte de “espejitos de colores”, en la cual tampoco nos queda claro cuál sería el rol del movimiento sindical, como máximo nosotros nos transformaríamos en administradores de esos fondos.
Migraciones
La crisis mundial tuvo fuertes impactos en la cuestión migratoria en nuestros países. Por un lado, se constata que los impactos en el empleo han afectado más a los trabajadores migrantes, sobre todo en países en los que trabajan en el sector de la construcción. El caso del Estado Español es elocuente a este respecto y particularmente importante por ser un país receptor de migrantes de origen latinoamericano y caribeño.
Por otro, una reducción del flujo, y en algunos casos reflujo, de migrantes hacia Europa y desde Europa de vuelta para sus países de origen en ALC. Esto es importante pues habla de una nueva situación que debe ser objeto de política pública en caso de consolidarse.
En tercer lugar, y con un alto impacto en las economías de ALC, la reducción, drástica en algunos casos del flujo de remesas internacionales de divisas generadas por el trabajo de los y las migrantes. Lo que ha tenido un impacto fuerte en aquellas localidades que tienen en las remesas una de sus principales fuentes de recursos. Sin descontar el hecho de que, desde la mirada sindical, consideramos que no se puede ignorar que tales remesas son enviadas por trabajadores que viven en su mayor parte en situación irregular, explotados y perseguidos.
Las remesas traen beneficios a los familiares de los migrantes, pero no son alternativas de desarrollo sostenible. Nos preocupa que algunos países de nuestra región estimulen la migración en la perspectiva de que las remesas son un componente en sus estrategias de desarrollo. La estrategia de desarrollo sostenible para el hemisferio debe ser enfocada en la inversión en el capital humano con el respeto por los derechos humanos y laborales.
En 2005, fueron 51 mil millones de dólares enviados a América Latina. De 80% a 85% del valor de las remesas enviadas son utilizados para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y servicios, lo que nos permite hablar en remesas familiares y no remesas productivas. Defendemos el establecimiento de mecanismos seguros, ágiles y de bajo costo para la emisión libre de las remesas, pues entendemos también que hay una falta de transparencia en las operaciones.
Establecer como prioridad para la política pública el control de los flujos migratorios es un contra sentido, por el contrario, creemos que la libre circulación de personas, que se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todo individuo tiene el derecho de salir de su país y volver a él cuando lo desee, son claves para la consolidación y el camino hacia un desarrollo sustentable más inclusivo socialmente.
Sus circunstancias y necesidades específicas deben ser tratadas mediante una acción coordinada a nivel internacional encaminada a crear empleos, garantizar una protección social adecuada y revertir el aumento de las desigualdades de ingresos.
En este sentido, junto con La Agrupación Global Unions pedimos que se abandone el actual enfoque que se limita a formas temporales de migración para cubrir la escasez de mano de obra en los mercados laborales receptores e incrementar los beneficios económicos del capital en la economía global. Los sindicatos han señalado la incidencia, excesivamente frecuente, de violaciones de los derechos humanos y sindicales de los migrantes derivada de este enfoque.
Cualquier propuesta que pretenda impedir o limitar el movimiento migratorio hoy no puede más que ser considerada una política fracasada. Uno de los ejemplos más drásticos es lo que se conoce con la Directiva de la Vergüenza de la UE, o con mucha más truculencia la militarización de las fronteras en el Sur del Mediterráneo por el sistema FRONTEX3, que establecen la cuestión migratoria en los marcos de la política de seguridad y control, asociándola, como en el caso de Italia, al aumento de la criminalidad y acciones terroristas.
El tema migraciones debe ser incorporado por los gobiernos de UE y ALC para la construcción de políticas que se sostengan en los principios del dialogo social y en el ámbito de los Ministerios de Trabajo. Las migraciones, como dijimos están directamente ligadas a la gran movilidad de la creación y destrucción del empleo y por ende en la movilización de los trabajadores/as en su búsqueda. Los migrantes de América Latina y Caribe fueron una necesaria fuerza laboral en los momentos de desarrollo y crecimiento económico vivido por Europa en décadas anteriores.
Muchos países industrializados satisficieron sus necesidades de mano de obra (barata y flexible como es el caso de la mano de obra migrante) en las tareas que los nacionales no quieren hacer, y cerraron los ojos al empleo de migrantes en situación irregular.
Esta situación, requiere entre otras cosas que los avances registrados, por ejemplo a nivel de la ONU y la OIT sean llevados a la práctica por los estados miembros de los bloques que participan de esta cumbre. En particular los países receptores deben ratificarlos Convenios da OIT y de la ONU que garantizan el acceso a los derechos y la igualdad de trato a los trabajadores/as migrantes.
Directiva de Retorno de la Unión Europea: aprobada el 18 de junio de 2008 por el Parlamento Europeo, y mediante la cual se busca criminalizar inmigrantes en situación irregular al pretender darle más poder a los Estados miembros para repatriar a los “sin papeles”, el Parlamento español aprobó el 2 de octubre de 2008 un plan de retorno voluntario para inmigrantes que se hubieran quedado sin trabajo y que afectaba en esos momentos a unas 90 mil personas.
España es el país que más inmigrantes extracomunitarios ha recibido de América Latina en las últimas décadas. FRONTEX coordina la gestión de las fronteras exteriores de Europa y ayuda a los Estados miembros en la formación de los guardias fronterizos nacionales; control y la vigilancia de las fronteras exteriores; asiste a los Estados miembros en circunstancias que requieren un aumento de la asistencia técnica y operativa en las fronteras exteriores; y proporciona a los Estados miembros el apoyo necesario para organizar operaciones conjuntas de retorno.
Se debe montar una arquitectura de protección que incluya:
• Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares;
• Convenios No. 97 y No. 143 de la OIT sobre trabajadores migrantes;
• Convenio No. 181 de la OIT sobre las agencias privadas de empleo;
• Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento;
• Marco multilateral de la OIT sobre migración laboral;
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW);
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;
• Convención sobre los Derechos del Niño;
• Declaración y programa de acción de la Conferencia mundial de la ONU contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, Durban 2001.
Migraciones Femeninas
En el año 2000, las mujeres representaban 52% del total de migrantes en Europa. En España, 40% de la mano de obra migrante es representada por las mujeres que trabajan en el ámbito domestico. Ese es el sector en donde hay menos regulación y protección de derechos. Muchas de las mujeres migrantes son madres solteras, y el dinero que envían al país de origen es el principal sostén económico de sus domicilios, o sea, la migración no es solamente una alternativa de supervivencia individual, sino también del núcleo doméstico. El velatorio del PNUD de 2009 indica que las mujeres suelen enviar mayor proporción de sus ingresos a casa y de manera más regular, aunque los montos totales suelen ser menores debido a que sus salarios son más bajos.
Un dato importante es la afirmación y reconocimiento de que es en el sector doméstico donde más se concentran las mujeres en la migración internacional. Ese es el sector donde hay más dificultades de protección a los derechos laborales a las trabajadoras domésticas, lo que torna las mujeres migrantes dependientes de sus empleadores para conseguir la visa, alojamiento y el sueldo.
En los períodos de crisis, ellas son las primeras a sufrir con los despidos, potenciando la posibilidad de una futura inmigración, y en los períodos de desarrollo económico son aquellas a quien demandan los servicios no valorados, como el servicio doméstico y del cuidado. Una de las perspectivas desarrolladas por los movimientos sindicales y sociales afirma que entre las numerosas consecuencias de la globalización se está generando un mercado transnacional de la mano de obra femenina, constituido por las redes de mujeres que trabajan en el servicio doméstico.
El mercado se apropia de las desigualdades de género para suplir la mano de obra flexible y barata. Aquel trabajo que antes era hecho por una mujer de forma gratuita, ahora es hecho por una mujer migrante, con horarios, tareas y derechos flexibles.
Llama la atención profundamente que luego de lanzado el diálogo sobre migración que los gobiernos de ALC-UE lanzaron en la Cumbre de Lima (2008) éste sólo haya sido iniciado en junio de 2009 y no haya incluido la invitación a la participación del movimiento sindical de las dos regiones que desarrolla una activa política de protección de los derechos de los y las migrantes, atento a la defensa del principio según el cual todo trabajador o trabajadora deben gozar de sus plenos derechos independientemente de su condición formal de empleo, así como el derecho más estructural a no migrar, o sea a poder desarrolla una vida plena en su lugar de origen.
Han sido importantes los avances verificados a través de la aprobación del Acuerdo Iberoamericano sobre Seguridad Social. Es necesario garantizar el reconocimiento y la portabilidad de las prestaciones sociales del o la migrante, del mismo modo que a nivel de la Comunidad Europea el trabajador sometido a la legislación de un Estado miembro tiene derecho, para los miembros de su familia que residen en el territorio de otro Estado miembro, a las prestaciones familiares previstas por la legislación del primer Estado como si residieran en el territorio de éste, se debe extender esta regla a los residentes extracomunitarios.
Ello posibilitaría, en ese ejemplo, desplazar los derechos en lugar de las familias, con los consiguientes beneficios para todas las partes. Para obtener cualquier posición y respuesta al fenómeno de las migraciones y sus impactos hay que tener un análisis estructural de la globalización. La decisión de migrar no ocurre por una elección individual, sino que está directamente relacionada a las consecuencias de las políticas de desarrollo de los Estados. No es posible tocar el tema sin tener en cuenta las asimetrías económicas entre los países, la distribución de oportunidades y calidad de los servicios públicos, el acceso a la salud, educación, la promoción del empleo decente.
Medio Ambiente
Las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe se desarrollan en el contexto de un intenso debate global sobre el destino de la humanidad y el planeta cuándo éste último, ha comenzado a dar señales claras de dirigirse hacia un nuevo equilibrio climático que ignoramos cual será, pero que sin dudas tendrá impactos en la vida de las personas, en su forma de producir, de trabajar, en la localización de sus viviendas y en la seguridad de las mismas. Hemos entrado a la era de los límites. Los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) pueden traducirse claramente: tenemos 50 años para completar el cambio en nuestros patrones de roducción y consumo, hacia un mundo con menores emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs).
La UE y ALC son además regiones populosas, ricas en recursos naturales, poseedoras la una de un frondoso acervo de bienes naturales. La UE es más desarrollada y rica con capacidades tecnológicas y financieras amplias. Las dos regiones son actores globales de peso y podrían ser determinantes en las conversaciones globales sobre el clima de la tierra, mediante entendimientos más profundos y acción coordinada. Esto está lejos aún de producirse.
En la Cumbre de Lima (2008), los gobiernos lanzaron el Programa EUrocLIMA, una iniciativa conjunta UE-América Latina destinada a promover la cooperación birregional en la lucha contra el cambio climático a través del mejoramiento del conocimiento de los decidores políticos de América Latina y de la comunidad científica sobre los problemas y consecuencias del cambio climático con el objeto de integrar estos temas en las políticas de desarrollo sostenible (son tres los componentes del programa: científico, socio-económico y apoyo político). Sin embargo, el programa aún está en fase de lanzamiento y no despega. Los documentos preparatorios de esta VI Cumbre preparados por la UE reconocen el papel clave América Latina y el Caribe en la discusión climática y llama a intensificar el diálogo en el marco de las negociaciones de la ONU (la 15 Conferencia de las Partes en Copenhagen (COP15) y las venideras que tendrán un hito en México en noviembre próximo (COP16). De todas maneras, éste llamado revela la imposibilidad de alcanzar logros en esferas autónomas de la ONU, o de coordinar la política.
Esta inmovilidad en los hechos se sustenta en las fuertes contradicciones que evidencian la crisis y que se sientan en el modelo de producción y consumo que promueven nuestras regiones, por ejemplo, a través de acuerdos de inversión y de libre comercio, con gran impacto fundamentalmente para la ALC. En lo que se refiere a la crisis ambiental, las consecuencias de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) son predecibles y demandan una acción inmediata. Se da aquí una relación desigual, los países de ALC tienen derecho al desarrollo y como tal debe ser reconocido por la comunidad internacional, como forma de superación de los desequilibrios y la deuda social de sus poblaciones. Para alcanzar el mismo debe tenerse en cuenta que los recursos naturales del planeta no permiten extender el modo de consumo de los países industrializados a toda la población mundial.
La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) es uno de los espacios multilaterales clave para enfrentar el cambio climático. Las organizaciones sindicales deben representar en esta instancia los intereses de las y los trabajadores. Sin embargo, no será suficiente si a su vez no continuamos enfrentando los acuerdos de libre comercio y de libre inversión. Si el libre comercio avanza, el acuerdo sobre cambio climático será letra muerta, porque la flexibilización normativa permitió, entre otras cosas, la degradación ambiental que todos nuestros países conocen en alguna parte de sus territorios y la explotación de nuestros recursos por empresas transnacionales y nacionales.
Dentro de la CMNUCC, el movimiento sindical latinoamericano y caribeño ve con mucha preocupación la falta de compromisos efectivos por parte de los países desarrollados para reducir emisiones. La mayoría de los mecanismos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), de Implementación Conjunta (IC), y las propuestas para la inclusión de mecanismos para la Reducción de Emisiones provenientes de la Degradación y Deforestación (REDD por sus siglas en inglés) en el próximo acuerdo, solo son instrumentos para mercantilizar las posibles soluciones al cambio climático y hacen inviables las verdaderas soluciones que pasan por hacer reales las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Por otro lado, estos mecanismos serán salidas insuficientes sino se corresponden con la superación del modelo depredador del ambiente actualmente imperante en los países desarrollados y transportado, una vez que éstos recursos se han agotado aquí en Europa, por ejemplo, a la explotación de materias primas y recursos naturales en regiones como ALC, en esta dirección han apuntado también varios documentos de la Comisión Europea.
Las consecuencias del cambio climático ya se sienten en nuestro continente y afectan principalmente a los más vulnerables, particularmente a mujeres y niños. Los recursos de cooperación internacional destinados a la adaptación deben ser reconocidos como parte de la responsabilidad histórica de los países industrializados, y no pueden transformarse en deuda. Los gobiernos de la región deben utilizar los recursos de la cooperación internacional y sus propias políticas públicas para saldar la deuda social y hacer posible la realización y pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales de su población. La demanda de justicia climática parte de la base del reconocimiento de que los países industrializados tienen una inmensa deuda ambiental con los países del Sur, por el desarrollo que durante más de 150 años han tenido en base al abuso de los combustibles fósiles: gas, carbón y petróleo. En este caso se trata de una deuda climática, que por tanto deben pagar. La justicia climática sólo se alcanzará cuando los Estados Ricos del Norte asuman esa deuda ambiental, lo que implica una reducción drástica y urgente de sus emisiones contaminantes, la viabilización de fondos a los países pobres para los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático, y la transferencia de tecnologías “limpias” al sur global para el desarrollo de procesos productivos ambientalmente sustentables. Latinoamérica y el Caribe deben tomar medidas para frenar la deforestación.
En muchos de nuestros países este fenómeno está vinculado a un modelo de exportación intensivo en recursos naturales y de extensión de monocultivos que utiliza agrotóxicos peligrosos para la salud de las y los trabajadores y el medio ambiente, cuyas consecuencias ya varias generaciones están sufriendo. Creemos que las respuestas no pueden ser sólo nacionales. Es imprescindible continuar trabajando por la integración de nuestros países, como alternativa y como espacio donde construir modelos de desarrollo sustentable que contengan la complementariedad y la solidaridad como ejes principales.
Debemos enfrentar el desafío de pensar regional y subregionalmente una integración energética eficiente que no se reduzca a la simple interconexión de instalaciones, que busque desarrollar las fuentes renovables abundantes en nuestra región y que se oriente según las necesidades de los pueblos y no para nutrir un modelo de exportación de recursos naturales.
Finalmente vinculado a la integración, debemos tratar regionalmente la cuestión de la producción de alimentos, priorizando la soberanía alimentaria por sobre un modelo de explotación agropecuaria orientado por la exportación y el agronegocio. En relación a un acuerdo unión europea- América Latina, sería importante evaluar hasta qué punto un acuerdo comercial no impida la aplicación de soluciones reales al cambio climático. Por ejemplo, en las ALC se espera que aumenten enfermedades vinculadas al aumento de la temperatura – en qué medida las patentes afectarán la producción nacional o subregional de medicamentos preventivos o de cura? En qué medida afectarán las patentes la transferencia de tecnología actualmente negociada en la CMNUCC?
No hay estudios que hagan una evaluación costo beneficio en términos de emisiones de CO2 de la exportación de etanol para utilización en Europa, al nivel de emisiones por deforestación. Los fondos transferidos para infraestructura o para medioambiente, deberán ser adicionales a los que los países desarrollados deberán aportar como fondos de adaptación y ser coherentes con las políticas nacionales/regionales de desarrollo sustentable.
Empresas Transnacionales
El período de hegemonía liberal de los últimos 20 años favoreció la expansión de las empresas transnacionales de ambas regiones. Estamos diciendo que no sólo empresas con sede en países de UE instaladas en América Latina y el Caribe, sino también de empresas con origen en países de América Latina (las llamadas “translatinas”) en la misma región, e incluso en Europa. Con el llamado proceso de globalización neoliberal, y los cambios tecnológicos, especialmente en las áreas de comunicación y transportes, estas empresas buscan maximizar su desempeño a escala internacional y, utilizando mecanismos de relocalización, usufructuar al máximo posible las ventajas de su localización en el mundo.
Infelizmente, parte de esas ventajas que las empresas transnacionales aspiran a usufructuar penaliza fuertemente al medio ambiente, los derechos y las condiciones de los trabajadores, y la situación fiscal de los países en los que se instalan, entre otras cosas. En el caso específico de las relaciones UE'ALC, es evidente el esfuerzo que las empresas realizan por instalarse en países con menores parámetros de operaciones que restrinjan la posibilidad de que esas empresas causen daños al medio ambiente, la búsqueda por bajar los costos de la fuerza de trabajo a través de la reducción de la
protección social, de la tercerización y otros mecanismos, y de la llamada “guerra” fiscal, por la cual las empresas negocian con los estados nacionales la reducción de costos para su funcionamiento (vía exenciones fiscales, reducción de obligaciones laborales, reducción de tarifas de importación y exportación, creación de zonas de procesamiento de exportaciones y otros mecanismos), y construir un andamiaje que garantice ilimitadamente sus inversiones, intentando reproducir en la medida de lo posible el espíritu del fracasado Acuerdo Multilateral de inversiones (MAI por su sigla en inglés). Presionan también para que las legislaciones nacionales y acuerdos económicos, inclusive y principalmente los acuerdos de libre comercio, reduzcan o limiten aún más las protecciones ambientales, sociales y laborales, además de la capacidad recaudadora de los estados nacionales, tornando difícil el financiamiento de las políticas sociales.
En el ámbito de la agricultura, la expansión directa o a través de la subordinación vía comercio, de las transnacionales en busca de tierras, agua, mano de obra barata y condiciones de operación favorables de una forma general, debilita y destruye las condiciones de operación de la agricultura familiar y campesina, y debilita al medio ambiente. La búsqueda de recursos naturales y materias primas deteriora al medio ambiente. La transferencia hacia ALC de sectores intensivos en energía presiona a sus países a buscar enormes inversiones en el área de generación de energía, retirando recursos de áreas sociales y, otra vez, afecta drásticamente al medio ambiente.
Es necesario que, en el ámbito de las actuales discusiones, se busque fundamentalmente recuperar el papel de los estados nacionales y su capacidad de regular la operación de las empresas transnacionales. Los acuerdos a ser firmados deben reforzar la condición reguladora de los estados nacionales, y no limitarla. El poder casi absoluto que hoy detentan las ETNs debe ser limitado a través de mecanismos supranacionales, tal como los acuerdos ahora en discusión, que permitan reforzar la capacidad de intervención sobre las empresas transnacionales, especialmente de los estados nacionales más frágiles.
Y, por supuesto, es fundamental reforzar los lazos de solidaridad entre los trabajadores de los dos lados del Atlántico para que, conjuntamente, por medio de sólidas redes de intercambio de información y articulación de acciones, puedan re equilibrarla negociación directa con las empresas, y establecer controles también en el ámbito de la regulación directa de las condiciones de remuneración y trabajo, a través de mecanismos negociados directamente entre organizaciones sindicales y empresas.
Solidaridad y acción urgente para Haití.
Nos preocupa la salida a la catástrofe natural, económica y social, y demandamos a nuestros gobiernos soluciones integrales que tengan al trabajo decente y la participación de los y las trabajadoras haitianas como agentes centrales de la reconstrucción de Haití. Para lograr esto, el movimiento sindical de la hermana Haití junto con el sindicalismo del mundo entero hemos realizado el 8 y 9 de abril de 2010, en Santo Domingo, República Dominicana, una cumbre internacional de solidaridad que elaboró una hoja de ruta para la reconstrucción y el desarrollo de Haití.
Poniendo particular el acento en los derechos de las mujeres y los jóvenes, lo Hoja de Ruta hace un llamado para la ejecución del MANUD - Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF en inglés)- en Haití y sobre una fuerte presencia de la OIT, así como la participación de los interlocutores sociales dentro de este marco. Y se compromete a continuar desarrollando alianzas con otros sectores tales como los partidos políticos progresistas de Haití, las iglesias y las organizaciones de la sociedad civil para reconstruir el país.
Ya antes del sismo, Haití se caracterizaba por tener una alta tasa de actividad económica informal. Casi el 90% de los trabajadores de la industria y el comercio trabajaban en la economía informal y el sector público empleaba sólo al 2% de la población activa. La mayoría de los trabajadores eran sumamente pobres y muchos eran empleados para realizar tareas peligrosas y no calificadas. El desempleo continúa siendo uno de los grandes desafíos para el desarrollo de Haití. Antes del terremoto, más de 1,5 millones de trabajadores no tenían trabajo, lo que representa aproximadamente el 16% de la población total o el 54,5% de la población activa.
Creemos firmemente que las prácticas sociales, ambientales y económicas sustentables deben ser un referente en la definición de un camino hacia el futuro. Las industrias clave para el proceso de recuperación deben establecer un nuevo estándar de salarios que satisfaga las necesidades básicas de una familia; el salario mínimo legal en Haití no es suficiente. Después del terremoto, ha aumentado el costo de vida y, por consiguiente, los salarios deben ajustarse y corresponderse con el costo de vida actual. Invertir en un mercado laboral dinámico es una de las medidas más efectivas que pueden tomar los gobiernos para la recuperación de la economía, y la crisis hace que sea imperativo implementar las medidas que mantendrán altos los niveles de producción en todos los sectores posibles y mejorar las condiciones laborales para todos y todas los y las trabajadores y trabajadoras, sin discriminación.
Los programas de reconstrucción deben esforzarse por apoyar los proyectos de reconstrucción entre trabajadores, trabajadoras y sindicatos, así como fortalecer la relación de los sindicatos haitianos con las organizaciones mundiales que están contribuyendo a generar un mejor futuro para el país. Dichos esfuerzos de reconstrucción deben basarse en el respeto total al Código laboral haitiano y a las Convenciones de la OIT, en especial, a los derechos fundamentales de los trabajadores, con el fin de garantizar el derecho a un salario digno y protección social.
Los y las trabajadores y trabajadoras haitianos también necesitan empleos a largo plazo que puedan permitirles moldear su futuro y reconstruir sus vidas y las de sus familias. Las inversiones públicas para el desarrollo de servicios sociales y educación pública y de calidad, en todos los niveles, son prioridades a mediano y largo plazo para la recuperación y el desarrollo sostenible de Haití. Reforzar su acceso a los beneficios de la seguridad social y la protección social. La comunidad internacional de donantes y el gobierno de Haití, junto con la ayuda de la OIT, deben aprovechar esta oportunidad para establecer un piso de protección social básico a fin de ayudar a millones de trabajadores y trabajadoras con empleos informales, desprotegidos y con bajos salarios, así como a los grupos vulnerables de Haití que no pueden mantener a sus familias.
Los programas de seguridad social pueden funcionar como estabilizadores económicos y ocuparse de la pobreza en el largo plazo. Reiteramos el llamado de la Agrupación Global Unions que se une a numerosas otras organizaciones para pedir que todas las deudas de Haití sean completamente canceladas por las instituciones financieras internacionales y los organismos acreedores.
Debe concederse a Haití una sustancial ayuda internacional en la forma de subvenciones no reembolsables para la enorme tarea de reconstrucción nacional que debe emprender. Llamamos a los países de la UE y ALC que no lo han hecho a sumarse a este tipo de relación financiera con el país caribeño.
Así mismo la hoja de ruta señala que es necesario reforzar al sector público para que sea posible no sólo brindar servicios públicos de calidad para la población haitiana, sino entre otros la implantación de un plan de empleo sólido y de largo plazo, pues es necesario definir una política nacional de empleo para Haití que apunte a la formalización de la economía informal y la promoción de cooperativas y micro empresas.
Un balance de las relaciones Institucionales entre la UE y América Latina / Caribe, la VI Cumbre.
El movimiento sindical de la UE y ALC al realizar un análisis de la Asociación Estratégica fundada en Río de Janeiro en 1999 constata que el mayor impacto se ha producido a nivel gestualidad política, de expresión de una voluntad común de intercambiar experiencias e intentar caminos para la cooperación.
Sin embargo, en lo que se refiere a la consistencia de la relación no se puede dejar de señalar que los mayores esfuerzos se han puesto en la concreción de los acuerdos de Asociación y los EPAs, mientras que el gran acerbo de otras cuestiones no han superado el estadio de la retórica, incluso en aquellos temas en los cuales se a avanzado más allá de las Cumbres, como es el caso de los Foros de cohesión, por ejemplo.
Como frutos concretos de esta Asociación hemos tenido, según la propia enumeración realizada por la Comisión Europea5:
Cumbres Principales resultados respecto a América Latina
1. Río de Janeiro 1999. Puesta en marcha de la Asociación Estratégica UE/ALC Apertura de las negociaciones UE-MERCOSUR
2. Madrid 2002 Anuncio del Acuerdo de Asociación UE-Chile, puesta en marcha del Programa ALBAN, puesta en marcha del concepto de espacio único UE-ALC de la Enseñanza Superior y el Conocimiento.
3. Guadalajara 2004 Puesta en marcha del Programa EUROsociAL.
4. Viena 2006 Inicio de las negociaciones UE-América Central para un Acuerdo de Asociación, apertura de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la UE y el CAN, creación de EuroLAT.
5. Lima 2008 Puesta en marcha de EUrocLIMA, concepto de una fundación UE-ALC, decisión de entablar un diálogo estructurado y global sobre migración.
La VI Cumbre UE-ALC se centrará en la innovación y la tecnología como motor del desarrollo sostenible y la integración social. Prentende lanzar la creación de la Fundación UE-ALC, destinada a estimular el debate sobre estrategias comunes, así como las medidas adoptadas para impulsar la asociación birregional y aumentar su visibilidad, así como los avances en la creación del Espacio EU-ALC de Conocimiento.
También el texto suprasitado, recomendó que algunas cuestiones centrales sean tratadas, que nos preocupan en tanto el carácter contradictorio que hemos mencionado entre los distintos esfuerzos emprendidos: “Proseguir las negociaciones sobre los Acuerdos de Asociación y apoyar los esfuerzos de integración de la región” no sólo ideas contradictorias en sí mismas, sino contradecidas en la práctica por Colombia, Perú y la propia UE con el inicio de negociaciones bilaterales con esos países. Sirve de muy poco fijarse como meta la adopción de “un planteamiento ascendente para apoyar la integración regional, consolidando la interconectividad.” si mientras de dinamita la
viabilidad institucional de procesos como la CAN. Del mismo modo, esperamos que el movimiento sindical sea urgentemente incluído en las discusiones biregionales sobre la crisis y que la promesa de obtención de “resultados viables” en lo que refiere al “empleo y los asuntos sociales” como lo recomiendó la Comisión en su comunicación de 2009. Insistimos en que la lección de la crisis – y algunos casos latinoamericanos dan cuenta de esto – las estrategias de desarrollo sustentable e inclusivo son más sólidas cuando lejos de recostarse en estratégias de desregulación y liberalización, tiene al estado como actor central.
Además, nos preocupa la puesta en marcha del Mecanismo de Inversión en América Latina (MIAL) y demandamos que la sociedad a través de sus organizaciones, y en particular el movimiento sindical, sean llamados a formar parte de las instancias de decisión estratégicas sobre los destinos de la Inversión, puesto que de ninguna forma será aceptadas inversiones que intenten conquistar nichos y acceso a recursos y bienes naturales a través de la coación política y económica. Del mismo modo que este mecanismos debe regular el acceso a la inversión en las áreas de los servicios públicos, cuya calidad y acceso deben ser garantizado por los estados.
Las Relaciones entre el Sindicalismo de Europa y América Latina y el Caribe.
Debemos profundizar el diálogo CES-CSA sobre un marco de temas de mayor alcance y que van más allá del Acuerdo de Asociación y de la agenda de las Cumbres Oficiales. Cuestiones como el debate sobre modelos alternativos de desarrollo, la cooperación sindical, los asuntos financieros y económicos, las salidas a la crisis y el papel de los sindicatos frente al G-20, la OMC y las instituciones multilaterales, deberían ser parte de los elementos para el intercambio de visiones y posiciones del movimiento sindical de ambas regiones.
Esto no significa que debamos tener posiciones comunes o coincidentes sobre el conjunto de asuntos. De hecho sabemos que los sindicatos de ambas regiones tienen diferencias sobre algunos temas específicos. Pero aun en la contradicción y en el respeto democrático a la diferencia, esta relación CSA-CES ayudará en mucho para prefigurar una visión del sindicalismo birregional ante el desafío de construir “El nuevo internacionalismo sindical”.
Sabemos que la naturaleza de la Confederación Europea de Sindicatos es diferente a la expresión orgánica del sindicalismo de las Américas encarnado en la CSA, como parte de la estructura regional de la CSI. Sin embargo han sido la CES y la CSA, y sus antecesores regionales la ORIT y la CLAT, los que han podido estructurar una agenda de diálogo y cooperación sindical entre ambas regiones. Ese acervo debe ser preservado y enriquecido.
El Plan de Trabajo CES-CSA, adoptado en Lima en 2008 y revisado en Buenos Aires en 2009, sigue siendo un buen referente para la acción coordinada. Para la CSA y la CES es muy importante contar con el involucramiento de las organizaciones afiliadas de ambas instancias en los temas allí considerados. Es nuestro compromiso seguir los lineamientos allí trazados, así como incorporar a nuestras organizaciones sindicales afiliadas para que en ese marco sean mucho más articuladas, coherentes y productivas las relaciones entre el sindicalismo de ambas regiones. Una tarea importante al respecto tiene que ver con la forma en que se articulan a esa estrategia las instancias subregionales de coordinación sindical en las Américas, en la línea de contar con una voz y presencia sindical cada vez más cohesionada y unida del sindicalismo de las Américas en su relación con el sindicalismo Europeo y con el sindicalismo global.
