La política de “tierra arrasada” que aplicó el general Efraín Ríos Montt (el dictador que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983) significó un verdadero exterminio para las comunidades campesinas mayas y las organizaciones obreras. Pero interpretar ese genocidio como un asunto exclusivamente del pasado reciente y no considerar sus huellas sólo serviría para ocultar los crímenes actuales, continuadores de una larga historia de abusos.
El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) divulgó este mes el informe “Guatemala: El costo de la libertad sindical”, que contiene datos estremecedores. En los últimos tres años 42 dirigentes sindicales han sido asesinados y la mayoría de esos crímenes siguen impunes, según ese documento
Los datos del informe permiten concluir que la situación se agrava cada vez más. En 2008 hubo 16 homicidios contra sindicalistas mientras que en 2006 sólo se había registrado un caso, y en enero de este año se denunciaron dos asesinatos de sindicalistas
“Existen indicios razonables y en algunos casos elementos de convicción de que al menos en un 23% de los asesinatos hubo participación de las fuerzas de seguridad del Estado, vinculadas directamente a ordenes del organismo ejecutivo o de las Municipalidades”, agrega el estudio.
Efrén Sandoval, del Consejo Político del MSICG estimó, en declaraciones al diario local El Periódico, que el 95 por ciento de estas muertes están vinculadas a algún tipo de conflicto laboral o de la defensa del ambiente y recursos naturales.
La semana pasada, por ejemplo, el Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales de Malacatán (FRENA) denunció el asesinato del dirigente Octavio Roblero, integrante de esa organización en el suroccidental departamento de San Marcos y activista contra los abusos de la trasnacional de capitales españoles Unión Fenosa. Su cuñado, Víctor Gálvez, había sido asesinado en noviembre de 2009, y desde ese momento Roblero venía denunciando la impunidad del crimen.
Alarmada por todos estos episodios, la Central Sindical de las Américas (CSA) –que apoyó la realización del informe del MSICG- le envió una carta a las autoridades guatemaltecas, puntualmente al presidente Álvaro Colom, para denunciar estos atentados y el hostigamiento permanente que viven las estructuras sindicales
“En los últimos años el panorama de Guatemala es de total impunidad en los casos de asesinatos y otros actos de violencia ocurridos en contra de las familias trabajadoras y defensores de derechos humanos secuestradas por el terror”, señala el secretario general de la CSA, Víctor Báez Mosqueira, según consignó el sitio de Internet de la organización continental.
Y en un pasaje de la carta dirigida a Colom puede leerse: "La CSA/CSI lamenta profundamente y condena este nuevo acto de violencia que enluta a
más una familia guatemalteca y al movimiento sindical. Solicitamos la inmediata investigación y la individualización, procesamiento y condena de
los autores materiales e intelectuales de este nuevo hecho de violencia".
