Montevideo, 17 de Enero de 1994

Excelentísimos Señores Presidentes
de las Repúblicas de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

Excelentísimos Señores Presidentes:

Nuevamente nos dirigimos a Vuestras Excelencias para exponer nuestros puntos de vista sobre el Proceso de Integración y reafirmar nuestra preocupación en relación al impacto social provocado por las medidas económicas que están siendo adoptadas con escaso esclarecimiento de la opinión pública de los países involucrados y con participación restringida de las organizaciones representativas de los trabajadores.

Aprovechamos igualmente esta oportunidad para hacer entrega formal, del Proyecto de Carta Social que elaboramos y que inscribimos en el marco general del denominado espacio social del MERCOSUR, seguros que ese objetivo solo será alcanzado cuando todos los individuos de esta región cuenten con un instrumento normativo común que les garantice la dignidad como persona y como ciudadano.
De una manera general, muchos nos preocupa que la inexistencia de políticas específicas que se dirijan a la promoción de sectores y regiones desfavorecidas, pueda llevar a la degradación económica y a la disgregación social de difícil reversión.

Asimismo, la continuidad de iniciativas unilaterales de inserción en otros mercados internacionales organizados, pueden dificultad la superación de la etapa de una zona de libre comercio, comprometiendo el proceso de integración regional.
Con relación a los temas laborales, reiteramos lo que expresamos en la Carta a los Presidentes, el 28 de diciembre de 1992, sobre nuestra evaluación en relación al funcionamiento y a los rumbos del Subgrupo de Trabajo nº 11, de “Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social“, donde apuntábamos “al debilitamiento de los contenidos sociales reales de la discusión y su transformación en problemas técnicos“.

Durante el año 1993, esta anunciada tendencia fue profundizándose, tanto por las tareas atribuidas a algunas comisiones, como por la falta de convocatoria regular de otras. Nos preocupa fundamentalmente que comisiones tan importantes como la de “derechos colectivos“, “salud e higiene en el trabajo“ y “seguridad social“ hayan permanecido practicamente excluidas durante este período.

También nos causa gran preocupación que en la comisión nº8, denominada “Comisión de Principios“, se venga postergando la discusión sobre convenios internacionales posibles de ratificación por los cuatro países, así como el estudio y asimilación de otras fuentes normativas de ámbito internacional (Pactos, Tratados, Declaraciones), representativos y aceptados por la conciencia jurídica universal.
Problemas como el traslado de mano de obra subcontratada y/o clandestina de un país a otro vienen creciendo, creando fuertes distorsiones salariales y favoreciendo, en algunos sectores, sentimientos nacionales de rechazo a la libre circulación de trabajadores en el futuro del MERCOSUR.

A pesar de que estos hechos han sido ampliamente denunciados por las centrales sindicales y divulgados por la prensa, hasta este momento no se produjeron avances en materia de acordar criterios comunes para atender la problemática migratoria entre los países miembros, en un marco de respeto de los derechos humanos y sociales. Por lo que se hace imperiosa la búsqueda de soluciones inmediatas para la solución de los conflictos ya existentes y para prevenir los que puedan surgir.

No podemos aceptar y repugna a la conciencia de los ciudadanos, que no sean respetados los mismos derechos y principios fundamentales a los cuales los cuatro países voluntariamente se comprometieron mediante la ratificación de Pactos, Tratados, Convenios y Declaraciones internacionales.

Toda esta situación nos lleva a preguntar que ocurrirá después de terminado el período de transisión previsto en el Tratado de Asunción.

Nos preocupa sobremanera que las decisiones de reducción de alícuotas para la determinación de la Tarifa Externa común está siendo tomadas en forma desvinculada de la discusión del modelo de desarrollo, de la política industrial y apenas con consultadas puntuales a los sectores empresariales más influyentes.
Nos preocupa igualmente que las posibilidades de flexibilización inherente al proceso de integración -zona de libre comercio de 1995, unión aduanera el 2001- puedan hacer perder de vista la dimensión social y los objetivos sociopolíticos expresados en el propio Tratado, dificultando la implementación de una comunidad integrada de hecho.

En 1994, esas y otras cuestiones deberán ser definidas. Para nosotros los problemas actuales son determinados tanto por las contradicciones que derivan de un proceso construido a partir de la primacía del comercio y sobretodo, por una dinámica que excluye el conjunto de las sociedades involucradas.

El movimiento sindical del MERCOSUR decidió tener una participación activa en la definición de políticas generales y no quedar apenas restringido al ámbito laboral. Ya afirmamos que los derechos sociales y laborales se debilitan o se niegan sin empleo, sin distribución de la renta o sin un modelo de desarrollo. Esas políticas son decisivas y exigen legitimidad para que se tornen eficaces.

Por todo esto, las centrales abajo firmantes, concientes en sus responsabilidades en la construcción de un espacio social integrado, no pueden dejar de reiterar sus preocupaciones por los obstáculos y distorsiones que se presenten en este proceso. Dicho esto, se hace absolutamente necesario la construcción de amplios espacios de discusión pública para la evaluación y definición de rumbos del proceso de integración, tanto a nivel nacional como regional.

En este sentido, las centrales sindicales llaman la atención para la inmediata instalación, por parte de os gobiernos, de foros nacionales, así como garantizar la realización, en el primer semestre de 1994, de la Conferencia Regional Extraordinaria, con los mismos objetivos, a nivel regional. Desde ya queremos manifestar formalmente nuestro interés en participar de esas iniciativas a partir de la discusiones preparatorias, por entender indispensable para su desarrollo sano y democrático, las contribuciones que podamos aportar para el mejoramiento del proceso de integración.

Finalmente, exhortamos a los gobiernos a promover la participación efectiva de los trabajadores en los destinos del MERCOSUR, cumpliendo asimismo sus compromisos con la democracia, con el bienestar de la población y la justicia social.

Carta de los Derechos Fundamentales del Mercosur

Sobre la Carta de los Derechos Fundamentales del MERCOSUR, queremos dejar constancia que el proyecto que hoy presentados ha sido elaborado, pretendiendo que tuviera un definido contenido científico, que fuera representativa de la realidad social de los países que integran el Trtado y a la vez suficientemente equilibrado para ser admitido como un documento base, en los estudios que realizará la subcomisión respectiva.

Desde luego debemos recordar que los procesos de integración han sido acompañados por la elaboración de Cartas Sociales. Así ha sido en la Comunidad Europea y en el Pacto Andino. No obstante es conveniente tener presente que, sin que mediata ningún proceso de integración, se aprobó en 1961 la Carta Social Europea.

La Carta tiene una razón prioritaria de existencia que es la de lograr una integración económico-social en el proceso de constitución del mercado regional. Se trata de humanizar dicho proceso. Nadie puede creer hoy, que el simple juego de las leyes de mercado, mediante las cuales se pretende satisfacer los intereses de las empresas, determinen por si misma una mejora y ni siquiera el mantenimiento de las condiciones de trabajo y de vida de las poblaciones.

Es necesario establecer una protección especial de los derechos humanos fundamentales, entre los que hoy, la doctrina jurídica universal reconoce a los derechos económicos, sociales y culturales.

La Carta Social además, permite establecer un piso mínimo de derechos de los trabajadores, que determinará automáticamente la ilicitud de los contratos que no lo respeten.

Por otro lado, se trata de impedir que peores condiciones de trabajo se transformen en el eje de la competitividad empresarial, facilitando el dumping social. Al respecto es bueno recordar que, en el interés de los propios empresarios, los convenios de la OIT buscaron, entre otras razones, evitar la competencia desleal a causa de condiciones laborales inaceptables.

La imposición a los sistemas jurídicos nacionales de principios o derechos fundamentales constituye un aporte de real importancia en el proceso de integración regional. Es imposible imaginar el MERCOSUR sin una coherencia y armonización de normas y sin una estructura jurídico-laboral que fundamente y haga viable la unidad prevista en el Tratado.

Es necesario aclarar que la posible superposición de normas que pudiera surgir en algunos países como consecuencia de la aprobación de principios o derechos incorporados por integrar a la legislación interna, o bien por emanar de otros tratados o declaraciones aceptadas, no constituye una razón para oponerse a la aprobación de la Carta, dado que el principio de la interdependencia de los tratados, especialmente reconocidos en el texto, resuelve esta situación.
Junto con este principio, la Carta reconoce la vigencia del principio de progresividad de los derechos sociales y laborales y el principio protector.

Aunque obvio, nos parece de interés expresar que el propósito de adoptar una Carta Social, no está vinculado a ninguna ideología política. Es simplemente una necesidad surgida al intentar establecer un razonable equilibrio entre Capital y Trabajo.

En cuando a la naturaleza jurídica, se ha rechazado el carácter meramente declarativo, que a nuestro juicio sólo puede permitir afirmar la existencia de una Carta que en el fondo constituiría una forma vacía de real contenido. Por el contrario hemos elaborado un proyecto integrado por preceptos jurídicos de cumplimiento obligatorio, exigibles ante los órganos de control previstos en el texto y aun ante los tribunales nacionales. Estamos convencidos de la inoperancia de todo sistema que no se apoye en una concepción como la expuesta.

Las fuentes inspiradoras, lo han sido, junto con los documentos internacionales mencionados en el párrafo 4º del Preámbulo, la Carta Social Europea, la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los trabajadores de la Comunidad Europea, la Constitución de la OIT y la Carta Social Andina.

Los fundamentos jurídico-políticos en que se sustenta, se expresan en la adhesión de los Estados Parte a los principios de la democracia política, al Estado de Derecho y al respeto irrestricto de los derechos civiles y políticos.

Finalizamos expresando que, en nuestra opinión, la Carta debe constituir un Protocolo Adicional del Tratado, gozando así de su misma jerarquía jurídica.
Confederación General del Trabajo (CGT) Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
Argentina Paraguay
Central Unica dos Trabalhadores (CUT) Plenario Intersindical de Trabajadores/
Confederaçao Geral dos Trabalhadores (CGT) Convención Nacional de Trabajadores
Força Sindical (FS) PIT-CNT Uruguay
Brasil