DECLARACIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN EN LA III CUMBRE SINDICAL DEL MERCOSUR
BUENOS AIRES, ARGENTINA, 2001

Los representantes de las Organizaciones Sindicales de Trabajadores de la Educación del Mercosur, partícipes del Foro Sectorial de Educación de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina durante los días 11 y 12 de Diciembre de 2001, indignados por las consecuencias injustas e inhumanas derivadas del capitalismo en su estrategia neoliberal sobre el desarrollo de las naciones y de las personas en particular los niños y jóvenes de nuestros países, concluimos:

1. En rechazar las escandalosas desigualdades que observamos entre las naciones y entre las personas dentro de cada una de ellas. La pobreza y la miseria son una barrera concreta para el mejoramiento del sistema educativo y para el logro de los objetivos propuestos en el proceso de enseñanza aprendizaje y por tanto se imponen políticas activas por parte del Estado para revertir la situación esencialmente derivada de la injusta distribución de la riqueza.
2. La pobreza que se conjuga a menudo en femenino, y también con el color de la piel y el origen étnico, exige con toda urgencia medidas concretas para sacar de la exclusión y el fracaso a millones de niños obligados a trabajar directamente explotados para sobrevivir, niños abandonados en la calle, niños prostituídos, niños soldados, niños forzados a delinquir, niños sin niñez.
3. Constatamos que, en los países del Sur decenas de millones de niños, en su mayoría niñas, no tienen acceso a ninguna educación, mientras se mantiene una importante tasa de analfabetismo, repitencia fracaso y deserción escolar. La gran mayoría de la población indígena no tiene acceso a una educación que respete su lengua y su cultura.
4. Advertimos que ni las políticas sociales y educativas ni las inversiones en recursos económicos nui humanos, están a la altura de las dificultades existentes ni de los compromisos suscritos estos últimos años por nuestros gobiernos en fiversos foros mundiales o regionales.
5. En nuestros países, el desarrollo de la educación se ha estancado, la infraestructura escolar se deteriora, la educación se privatiza, ls protagonistas del sistema educativo son referenciados como clientes, y los términos: “producto, competencia, rendimiento” son hoy en día palabras con las que se pretende definir el funcionamiento de la educación similada a una mercancía en un sistema que reproduce los valores, los métodos y las inequidades de la empresa. Incluso los tratados de libre comercio de bienes y servicios como el ALCA o la OMC pretenden incluirla en la comercialización, una política a la que nos oponemos energéticamente.
6. La educación es un derecho social universal fundamental de los pueblos y de las personas que debe asegurarse mediante un servicio público financiado y bajo la responsabilidad del Estado. Este derecho comprende no sólo la más amplia formación general sino también la formación profesional o técnica. Se deberá incluir a la Formación Profesional como una modalidad más del sistema educativo formal público. La educación para el mundo del trabajo no puede estar sujeta al mercado laboral que es cambiante y excluyente si no que debería ser generadora de conocimientos para comprender el mundo que lo rodea y ser capaz de transformarlo.
7. Reclamamos una educación pública gratuita y de calidad para todas y todos plenamente accesible durante toda la vida. Exigimos de los gobiernos la ejecución de planes y programas que mejoren el acceso a la educación preescolar y a los servicios de guarderías educativas, ofrezcan una educación básica obligatoria como mínimo de nueve años o aquella que en lo sucesivo se considere mínima para acceder a los pisos laborales y a la continuidad del proceso educativo, por lo que nuestros gobiernos deberán ejecutar estrategias que permitan reducir radicalmente las desigualdades frente a la educación.
8. Afirmamos que se necesita una enseñanza superior pública, gratuita y de calidad que respete la libertad académica y la autonomía institucional y que garantice la investigación al servicio del desarrollo de la sociedad y no subordinada a las necesidades e imposiciones de las empresas privadas.
9. Apoyamos una visión de la educación de adultos que garantice el derecho a la educación pública para el conjunto de la población adulta y adolescente, la creación de condiciones para hacer efectiva una cultura de la educación a lo largo de la vida en la cual las casiones de aprender a vivir, a trabajar, a ser ciudadano, a cuidar el medio ambiente, a disfrutar del arte, al ocio creativo, sean muy numerosas y permanentes.
10. Proclamamos que una educación íntegra de calidad debe formar personas libres y críticas, ciudadanas y ciudadanos activos y comprometidos, respetuosos de la diversidad y de los derechos humanos, abiertos al mundo y preocupados por la sustentabilidad de la vida de todos en el planeta. Defendemos una educación que sea un instrumento de justicia social y de emancipación de las personas y de los pueblos, que prmueva la igualdad entre las mujeres y los hombres, entre las personas de diferentes orígenes y opciones, sin discriminación alguna. Propiciamos también la inserción de contenidos curriculares que favorezcan el proceso de integración regional.
11. Exigimos que se preste atención especial a la enseñanza rural y el respeto a la cultura campesina. Afirmamos que ls alumnos discapacitados o con dificultades de adaptación o de aprendizaje, los niños en situaciones de marginalidad o abandono de cualquier tipo, trabajadores o itinerantes, los niños víctimas de la guerra o con dificultades extraordinarias de cualquier naturaleza., deben tener acceso a servicios adecuados y que aseguren su escolarización.
12. Apoyamos la lucha de las naciones autóctonas y de los pueblos indígenas que reivindican su participación y control sobre sus instituciones educativas para asegurar el respeto y el fomento de su lengua, cultura y patrimonio.
13. Exigimos establecimientos y aulas que respeten normas de higiene y seguridad que garanticen la protección del personal y de los alumnos y que ofrezca materiales didácticos y equipamientos suficientes y de calidad. Afirmamos que una utilización eficaz de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para fines educativos debe responder a las necesidades y a las prioridades de las comunidades y no a los interesas mercantiles y de algún modo ser usadas para el desplazamiento o la sustitución del personal docente y técnico/administrativo.
14. estamos a favor de una gestión democrática de las instituciones educativas basadas en la participación del personal, de los alumnos y de la comunidad. Consideramos que las políticas educativas deben estar ampliamente debatidas, acordadas con la participación de las organizaciones sindicales y de las personas que afectan. Los procesos de evaluación de la implementación de las políticas concretas, deberán ser previos a la generalización y obligatoriedad de los cambios propuestos.
15. Exigimos que se respeten los derechos sindicales, entre ellos el derecho a la negociación colectiva. Seguiremos luchando por una auténtica profesionalización del personal educativo, por una sólida formación inicial y continua, por un salario justo y por el mejoramiento de sus condiciones de trabajo como garantía de un proceso educativo a la altura de las necesidades y exigencia de la hora.
16. Exigimos que se ponga fin al trabajo infantil y pedimos en consecuencia a los gobiernos que hagan respetar todas las declaraciones, pactos y convenios que hayan firmado, particularmente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en especial lo referido a la eliminación del trabajo infantil.
17. Para asegurar una educación de calidad para todos a lo largo de la vida, reclamamos un financiamiento de la educación pública que alcance al menos al 8% del producto interno bruto. Para eso, pedimos:
- El cese de las políticas de ajuste estructural y los recortes en los salarios y condiciones del trabajo impuestas por las organizaciones financieras internacionales;
- Terminar con la aplicación de las distintas reformas prescriptas por el Banco Mundial que a través de diversas estrategias –municipalización, vouchers, escuelas autogestionadas, etc- apuntan al desplazamiento de los Estados como garantes del derecho a la educación.
- El aumento de los recursos nacionales e internacionales sin condiciones, para el desarrollo y la promoción de la educación al alcance de todos/as,
- La adopción de un impuesto sobre las grandes fortunas, el sistema financiero especulativo y las transacciones de multinacionales,
- La cancelación de la deuda externa ilegítima de nuestros países: la reducción de los gastos militares y la asignación de sus presupuestos a políticas sociales en articular la educación.
18. Exigimos de los gobiernos que adopten inmediatamente un plan de acción trienal que incluya objetivos y plazos precisos en cuanto al mejoramiento del acceso a los diversos niveles de educación, a la reducción de las desigualdades y a un financiamiento adecuado y justo.
19. Exigimos la participación de los trabajadores de la educación en las estructuras del Mercosur que aborden la temática educativa.
20. Reconocemos la importancia de acrecentar la solidaridad nacional e internacional en educación y afirmamos nuestra voluntad de colaborar con las organizaciones que actúan en el sentido de la presente declaración. Nos comprometemos particularmente a participar en las acciones propuestas para:
- Poner fin al trabajo infantil,
- Alcanzar los objetivos de una educación de calidad para todas y todos,
- Excluir la educación en los tratados de liberalización del comercio de los servicios,
- Impedir la privatización y la comercialización de la educación,
- Ratificamos la voluntad de los trabajadores de la educación de perfeccionar, el Mercosur fortaleciendo su estructura y promoviendo la adopción de medidas que favorezcan el desarrollo social, la justa distribución de la riqueza y el respeto a la dignidad humana,
- Promover en el Mercosur un plebiscito que defina el rechazo a la incorporación de nuestros países al ALCA.

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2001