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Montevideo, 17 de diciembre de 2007
Excelentísimos Señores
Presidentes de los Estados Parte del Mercosur
La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur–CCSCS, está integrada por las mayores y más representativas organizaciones sindicales de los países del Cono Sur y, ha asumido la responsabilidad de ser parte activa del proceso de construcción del Mercosur desde sus inicios.
Gracias a la participación sindical, los organismos decisorios del Mercosur crearon organismos para el tratamiento de los temas de empleo y de los derechos laborales, que produjeron normativas importantes como la Declaración Sociolaboral, el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social, la Estrategia Mercosur de Crecimiento del Empleo, entre otras.
En 1992 la CCSCS hizo su primera declaración pública analizando los aspectos positivos y los problemas y necesidades del Mercosur. A partir de 1994 ha presentado una serie de documentos sobre el desarrollo de las negociaciones y sus problemas con propuestas que pretendieron contribuir a la consolidación de una integración que tuviera como su principal objetivo la mejora de los estándares sociales y laborales.
El documento presentado por la CCSCS en la Conferencia de Ouro Preto, en 1994, reivindicaba que las negociaciones tuvieran en cuenta las asimetrías entre las mayores y menores economías y proponía la creación de un Fondo de Apoyo a la Reconversión productiva y profesional, que diera apoyo a los sectores y regiones afectadas por los impactos de la integración. Vimos con satisfacción que en 2003 el Mercosur eligió el tema de las asimetrías como una de sus prioridades, en 2004 creó el FOCEM y, actualmente, debate la creación de un fondo de apoyo a las pequeñas y microempresas.
Tenemos la certeza que acuerdos comerciales sin la implementación de programas y políticas volcadas a la complementación productiva y a la generación de empleo, pueden acentuar las asimetrías ya existentes y generar conflictos políticos, dificultando el avance de la integración.
Otro tema que siempre fue blanco de nuestras prioridades es la integración política. Por ello vimos con mucha satisfacción la instalación del Parlamento del Sur y seguimos con atención su funcionamiento. Siempre lo reivindicamos por entender que es un instrumento político fundamental para superar el déficit democrático del Mercosur, que años atrás denunciamos.
Apoyamos la substitución del dólar por las monedas nacionales en las transacciones comerciales intra-Mercosur y la creación del Banco del Sur. Son dos instrumentos que pueden ayudar a viabilizar una política de complementación productiva y la generación de empleos de calidad.
Defendemos que en todos los organismos de apoyo a emprendimientos y/ proyectos productivos en el Mercosur, no se acepte conceder financiación a las empresas que tengan alguna acusación comprobada de practicas como trabajo infantil, trabajo for-zoso, discriminación de genero y raza y otras violaciones laborales de igual gravedad. Nos parece imprescindible la participación de los representantes de los y las trabaja-dores/as en dichos organismos.
Cuanto a las negociaciones en la OMC, nos congratulamos de la posición del Mercosur en las negociaciones de NAMA 11 y consideramos fundamental que el Mercosur manten-ga nuestra posición de negociación conjunta de aranceles en bienes industriales y agri-cultura y no acepte comprometer nuestra capacidad de producción industrial, presente y futura. Rechazamos la utilización de la cláusula social como barrera proteccionista, pero esto no cambia el hecho de que con la globalización del comercio, las empresas trans-nacionales transfieren partes de su producción a países y regiones más pobres, para aumentar competitividad a costa de la superexplotación de los trabajadores y traba-jadoras. Invocamos a nuestros gobiernos a defender que el G20 incorpore ese tema en su agenda y asuma que la defensa de los derechos laborales y sociales también debe ser parte de los nuevos acuerdos multilaterales.
De la misma forma seguimos defendiendo que en las negociaciones con la Unión Europea el Mercosur no acepte un acuerdo comercial en los términos económicos y comerciales hasta ahora propuestos por ellos. Seguimos reivindicando el compromiso al respeto de los estándares laborales sea uno de los capítulos del posible acuerdo, como también que las dos partes desarrollen las negociaciones con transparencia y respeto a la participación social.
Un rápido balance del Mercosur actual nos muestra que la crisis económica de finales de los años ’90 fue superada y que crecen el comercio intra-regional y las ganancias de las grandes empresas en todas las áreas de actuación (industria, servicios y agro-exportador). Esto fue posible porque crecieron las inversiones y fundamentalmente la productividad. Pero ese crecimiento no se refleja en los salarios, que no recuperaron sus niveles anteriores.
La construcción de un mercado común no es viable si no se prioriza el desarrollo de un mercado consumidor regional. Esto no quiere decir dejar afuera una política exportadora, al contrario, la integración productiva aumentará la competitividad del Mercosur. Mejor y más trabajo requiere mejor distribución de la renta, más derechos y beneficios sociales. El mejor instrumento para la reducción de las asimetrías y la inclusión social de las mayorías empobrecidas.
Como resultado de la recuperación económica e implementación de programas de emergencia social, principalmente en las dos mayores economías, hubo una reducción de la población situada por debajo de la línea de pobreza y disminuyó la tasa de desempleo abierto regional. Más no se puede hablar aún de la existencia de una justa distribución de la renta y, además, es muy alto el número de hombres y mujeres que trabajan en condiciones precarias, con contratos temporarios, de tiempo parcial y sin cobertura de derechos laborales.
Ese tema es eje de esa carta y motiva el lanzamiento de la Campaña Trabajo y Salario Dignos en el Mercosur.
Defendemos que el Mercosur adopte un salario mínimo común. Proponemos como primer paso del proceso la elaboración de un conjunto de indicadores sobre el costo de vida, poder adquisitivo y la productividad. Teniendo esas bases se puede definir cual debe ser un salario mínimo común e instalar una mesa de negociación entre los gobiernos y las representaciones patronal y sindical, para definir el proceso para lograrlo.
Reivindicamos que el Mercosur reconozca el derecho de negociación colectiva, sectorial y/o por empresa. No se puede desconocer que el comercio, la producción y las ganancias son diferenciados desde el punto de vista sectorial. Las grandes empresas agro-exportadoras y de la industria más dinámica están ganando mucho con el Mercosur. Esos resultados no se reflejan en mejores aumentos de salarios y beneficios a los trabajadores y trabajadoras que producen crecimiento. Al contrario, muchas veces pierden conquistas anteriores, visto que las empresas disponen de un mercado integrado que les permite transferir la producción e inversiones donde puedan tener menos impuestos y menores salarios y cargas sociales.
Al mismo tiempo defendemos revisión de la Declaración Sociolaboral-DSL, que en el 2008 cumplirá 10 años. Reivindicamos elevación de su status jurídico, con la adopción del formato de un Protocolo Laboral, aprobado por los Congresos Nacionales, para que dicho instrumento pueda ser fuente de protección jurídica en el interior de cada país.
En cuando al contenido del nuevo instrumento de protección del trabajador/a reivindicamos la inclusión de los siguientes temas:
- la regulación del uso de la terciarización, para que la misma no sea utilizada como forma de disminuir los salarios, la reducción de beneficios y privatización de servicios y empresas públicas.
- la institucionalización de la inspección del trabajo conjunta, principalmente en los ámbitos fronterizos y de fuerte presencia del comercio regional, con el acompañamiento sistemático de los sindicatos.
- el reconocimiento de la negociación colectiva supranacional y del derecho a la creación de comisiones sindicales del Mercosur en las empresas con presencia en más de un país del Mercosur.
Hay que revisar también el organismo responsable por el seguimiento de la DSL. Consideramos valioso la existencia de un órgano tripartito como es la Comisión Sociolaboral-CSL, siempre que cuente con adecuadas condiciones de funcionamiento, garantice igualdad de condiciones de participación a todas las partes, tenga más autoridad y pueda conformarse como un espacio de negociación de los conflictos que puedan surgir por la no aplicación del instrumento de protección laboral.
Ya hay una decisión de los órganos sociolaborales de promover la reforma de la DSL. Para que esa decisión se materialice es imperativo que los Estados Parte garanticen las condiciones materiales y técnicas para el trabajo, empezando por la garantía de acceso de todas las partes involucradas y la más amplia divulgación del debate. Con ese objetivo estamos proponiendo al Parlamento del Mercosur la realización de audiencias públicas para ampliar el debate sobre la revisión de la Declaración Sociolaboral.
De la misma forma reivindicamos de nuestros gobiernos la inmediata aprobación de algunas medidas que permitan un mayor respeto y aplicación de los derechos fundamentales del trabajo, mencionando como una de las prioridades la erradicación del trabajo infantil y el fin de la explotación sexual de niños y adolescentes. El SGT 10 ya aprobó un Programa regional con eses objetivos, falta que los Estados nacionales asuman su implementación.
Otra reivindicación de igual importancia es la inmediata viabilidad del Observatorio del Mercado de Trabajo–OMT, lo que requiere: dotación presupuestaria que permita la instalación de una sede con una estructura básica de funcionamiento y recursos para el desarrollo de investigaciones. Con esas condiciones el OMT podrá efectivizarse como el instrumento técnico aprobado por el GANEMPLE para auxiliar la implementación de las Directrices de la Estrategia Mercosur de Crecimiento del Empleo.
Por fin queremos destacar que estamos haciendo un seguimiento sobre el tema de la integración energética y analizando las propuestas a respeto. En ese sentido deseamos entablar un diálogo con el Grupo de Trabajo Especial sobre Biocombustibles. Pero también consideramos que el Mercosur debe profundizar no solo las cuestiones relacionadas con las energías alternativas, sino también en la integración energética en el sector gasífero y el aprovechamiento de hidrocarburos.
La implementación de esas medidas será una demostración inequívoca de la voluntad política de nuestros gobiernos de tornar el Mercosur un instrumento estratégico para la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo. El crecimiento del empleo de calidad es fundamental para avanzar en la adopción de un Mercosur social que nuestros presidentes han defendido.
Seguimos apostando y trabajando para que el Mercosur se consolide como un bloque económico, comercial, social, cultural y político y consideramos que las reivindicaciones que aquí presentamos contribuyen de forma incontrastable para dicho fin. Por eso, no esperamos menos que el apoyo y aprobación de los Presidentes de nuestros países.
Cordialmente
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CGT y CTA – Argentina; CUT, FS y UGT-Brasil; CUT-Chile; CUT y CUT-A Paraguay; PIT-CNT-Uruguay)
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