AHORA MERCOSUR POR UNA INTEGRACIÓN POLÍTICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURAL
NO AL ALCA!  V CUMBRE SINDICAL

Montevideo, 15 de Diciembre de 2003

I. MERCOSUR: UNA MIRADA A LA SITUACIÓN ACTUAL

El Protocolo de Ouro Preto, acordado en 1994, aprobó los pasos y medidas para la finalización de la zona de libre comercio y la implantación de la Unión Aduanera; amplió el papel de la Comisión Parlamentaria Conjunta y creó un organismo consultivo de representación de la sociedad civil, el Foro Consultivo Económico y Social. Al mismo tiempo optó por un modelo de “regionalismo abierto”, decisión que le dio bases para realizar negociaciones con la Unión Europea y el ALCA.

Teóricamente el bloque avanzaba en sus objetivos iniciales, pero sin embargo, no se avanzó en los temas macroeconómicos, políticos y sociales, porque la lógica de conducción del Mercosur quedó subordinada a las medidas nacionales de estabilización financiera y de ajuste fiscal.

En función de esto no fueron adoptadas políticas integradas de financiamiento, tributación, de relacionamiento con los organismos financieros internacionales, no se avanzó en la construcción de mecanismos de solución de controversias y se mantuvo una estructura institucional de bajo perfil que pasó a tratar una agenda de poco peso político, por estar limitada en su capacidad de decisión.

Además de esto, el cuadro arancelario externo pasó a ser desformatado por medidas nacionales unilaterales y exigencias de las negociaciones comerciales externas.

En este marco, el fuerte crecimiento del comercio intra-Mercosur, principalmente entre 1994/1997, no produjo un esperado desarrollo económico y social, porque en la forma como se desarrolló - baja regulación y inexistencia de medidas inter-gubernamentales para la complementación y reconversión – privilegió una situación en que el mercado fue el señor de la vida y muerte de empresas y sectores productivos, aumentó la concentración de los intercambios comerciales entre las economías más grandes (en 1997, más del 90% del comercio era entre Brasil y Argentina) y de las transacciones intra-empresas (que en ese periodo representaban el 40% del volumen comercializado).

La conjunción de estos factores, mas la profundización de una apertura comercial multilateral incondicional, llevaron al desmantelamiento productivo de nuestras economías, a la acumulación de un déficit comercial extra-bloque y a una creciente dependencia de capitales externos.

Consecuentemente, pero al contrario de lo pregonado, el Mercosur se tornó mas vulnerable a las presiones de los organismos financieros multilaterales, principalmente el FMI, de las empresas multinacionales y los gobiernos de las economías centrales y, por lo tanto, sin fuerza para establecer las condiciones inamovibles en las negociaciones de acuerdos comerciales externos, principalmente en la OMC, en el ALCA y con la Unión Europea. Situación que debilitaba el proceso de integración y que terminó por llevarlo a una fuerte crisis económica y política, que estalló con la devaluación cambiaria brasilera, en 1999, y se agudizó con la crisis económica y social Argentina a fines del 2001.

En el ámbito del trabajo los resultados de ese proceso fueron desastrosos, generando un fuerte aumento del desempleo y del trabajo de baja calidad y sin cobertura laboral y social, donde los sectores más afectados fueron las mujeres y los jóvenes. Esto tuvo un efecto dramático sobre las condiciones de vida de las poblaciones, como el aumento de las personas que viven por de bajo de la línea de pobreza, del éxodo migratorio en busca de trabajo.

El año 2002, con los retrocesos del Mercosur, quedó claro para todos la imposibilidad de cumplir con el objetivo estratégico de creación de un mercado común bajo una agenda sin una definición de sus prioridades, entre las cuales, sin duda, está la de constituirse en la base estratégica para la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y una plataforma capaz de garantir un relacionamiento económico y comercial externo, donde el hilo conductor sea el establecimiento de una relación sin la desigualdad que hoy divide el mundo entre unos pocos que concentran tanta riqueza y muchos que comparten tanta miseria.

Equidad de relaciones exige reconocimiento y respeto a las diferencias y si nuestros países no son capaces de ejercer con soberanía esas relaciones y definir que es lo que quieren y lo que no aceptan en esas negociaciones, eso no ocurrirá.

La fragilidad del Mercosur y sus dificultades para sobrevivir como bloque deben ser contabilizadas al modelo económico y político que lo gestionó, el mismo modelo que demostró su falencia en las derrotas electorales sufridas en Brasil, Argentina y Paraguay por las agrupaciones políticas que lo defendían.

Lo cierto es que el Mercosur, a más de 12 años de existencia y de haber pasado por el cuadro descrito, es un proceso de integración que sigue apoyado por la mayoría de los sectores políticos y de la sociedad y sigue demostrando toda su potencialidad.

En el documento que entregamos a los Jefes de Estado presentes a la 11ª. Cumbre de Presidentes en Brasilia, en diciembre de 2002, decíamos: “…Si no se produce una inversión del papel de la política y esta es puesta al servicio de las demandas de la mayoría de nuestras poblaciones y no al servicio de la estabilidad financiera y de los intereses del gran capital, el Mercosur no será un instrumento de fortalecimiento de la política externa de nuestros países”. Y a pesar del importante cambio político que hubo en Brasil, Argentina y Paraguay desde entonces, son conceptos que siguen vigentes y actuales.

Nosotros/as somos optimistas en cuanto al futuro inmediato del Mercosur porque confiamos en las propuestas y declaraciones presentadas por los presidentes de Brasil y Argentina y las propuestas que están en debate y que si son correctamente concretizadas, podrán generar avances importantes.

Creemos que el Mercosur es un proyecto necesario, pero su viabilidad depende de profundos cambios en su modelo de conducción, hasta hoy pautado por la lógica fiscal y monetarista. No hay que descuidar la estabilidad y la protección frente a las instabilidades del funcionamiento de la economía mundial, pero esto no puede ser a costa de más recesión, más ajustes y más miseria.

II. MERCOSUR: NUESTRAS PRIORIDADES

La tarea de reconstrucción del proyecto del Mercosur no es simple pues no basta sólo con superar los problemas objetivos apuntados más arriba, sino también los subjetivos, producto de la baja en la credibilidad y legitimidad del proceso no sólo entre los actores directamente involucrados, por el bajo grado de internalización y aplicación de las decisiones ya tomadas, sino también a nivel de la sociedad en su conjunto devastada por una crisis social y económica para cuya salida el Mercosur con la orientación de los últimos años no ha sabido dar respuesta.

La superación de la crisis económica y social exige cambios de políticas macro y la recuperación de la credibilidad exige la adopción de un conjunto de medidas concretas, visibles, que enfrenten los problemas más agudos y sean incorporadas rápidamente por los cuatro Estados Parte.

Nosotros/as somos concientes de esas dificultades y nos proponemos ser parte de ese esfuerzo. Como primer paso ofrecemos nuestra visión de cuales deberían ser esas prioridades.

A. En el campo económico, productivo y del empleo.

1. Agenda macroeconómica - Los documentos “Objetivo 2006” e “Instituto Monetario” que estarán en discusión en esta Cumbre de Presidentes en Montevideo, no sólo reafirman la decisión de avanzar en la construcción del Mercosur sino que apuntan a objetivos políticos y sociales muy claros. Pero esto tiene que ser acompañado de otra agenda macroeconómica.

Hay que ampliar los conceptos y objetivos de la agenda “Mercosur 2000”, aprobada en Florianópolis, construida sobre la base del modelo monetarista y fiscal. Los cambios políticos desde entonces tienen que estar reflejados en las prioridades actuales. No basta con promover el monitoreo de la coyuntura económica y la armonización macroeconómica para dar cumplimiento a las metas fiscales y financieras exigidas por los acreedores externos. Las metas sociales tienen que subordinar a las medidas económicas para garantizar la estabilidad.

2. Reconocimiento de asimetrías y combate a la guerra fiscal- Es necesario promover una reglamentación coordinada para la captación y el trato de las inversiones externas directas; como también consolidar una políticas de defensa comercial común, con vistas a combatir la guerra fiscal y promover una distribución equilibrada de los logros económicos y beneficios sociales. Para esto es fundamental que se reconozcan las asimetrías de regiones y países de menor desarrollo económico relativo a través de medidas de tratamiento diferenciado como la extensión de plazos en el cobro de aranceles intra-zona para algunos productos, así como la apertura de líneas de financiamiento para la inversión en Uruguay y Paraguay.

3. Fondo de Financiamiento de la Producción - El gobierno de Brasil planteó un paquete de medidas complementarias que tienen como horizonte la integración productiva de nuestros países y que pasan por el desarrollo de los foros de competitividad, la definición de instrumentos financieros para promover inversiones productivas, incluso la creación de un fondo de financiamientos que contaría como una de sus principales fuentes el BNDES. En la Argentina se produce discusión similar referente al BICE.

La creación del Fondo de Financiamiento para el apoyo a la producción es una antigua reivindicación de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (presentada por primera vez en 1994), que defiende que ese Fondo tenga como prioridad el apoyo a la pequeña y mediana empresa, desarrollo de programas y proyectos de reconversión productiva, programas de recalificación profesional y otros.

4. Foros de Competitividad - Vemos con satisfacción la instalación de los Foros tripartitos de Competitividad e integración de las cadenas productivas regionales, pero ellos solo podrán ser un buen instrumento si tienen como foco central la formulación de acuerdos de complementación productiva y comercial y son capaces de incluir en su agenda negociadora temas compartidos con las partes sindicales, cuales sean, entre otros: metas de producción y de beneficios sociales, correspondencia entre las negociaciones de acuerdos de producción y comercio y condiciones de trabajo, salud y seguridad del trabajo y, cuando corresponda, la creación de comités bi o trinacionales de trabajadores.

B. Negociaciones comerciales externas

1. Las negociaciones externas (en el ALCA, con la UE y en la OMC) deben ser establecidas a partir de las necesidades e intereses del Mercosur y no a la inversa. Para eso es fundamental que se actúe y negocie como bloque, con transparencia y con el compromiso de consultar a la sociedad sobre la negociación de acuerdos que involucren los países centrales y/o que condicionen o subordinen nuestra soberanía de naciones y nuestro proyecto regional.

2. Defendemos que se amplíen los acuerdos y los esfuerzos para la creación de una asociación económica y comercial en la América del Sur (tomando inclusive ALADI como marco institucional y espacio para dicha negociación).

3. Apoyamos y creemos que hay que seguir y profundizar las relaciones sur-sur que tienen en la reciente creación del G 20 en la OMC un marco importante y que debe ser consolidado.

C. En el plano político-institucional

La actual arquitectura gubernamental debe ser reformada para avanzar en la construcción institucional supranacional. Para lograr el éxito en la profundización se requiere una “nueva gobernabilidad”, constituyendo un sistema supranacional para aumentar la efectividad de los acuerdos alcanzados y preservar la capacidad de control sobre las decisiones de los Estados por parte de las cuatro sociedades.

1. Parlamento del Mercosur - Apoyamos la creación del Parlamento del Mercosur, que puede ser un instrumento para avanzar en la democracia del bloque, involucrando a los parlamentos en las decisiones.

En este sentido vemos como positivo la aprobación de la Recomendación de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur de que determinadas materias sean consultadas previamente a la toma de decisión por el CMC.

Defendemos que los miembros del Parlamento del Mercosur sean electos por voto directo en sus países, que se acepte la conformación de bloques parlamentarios comunitarios y que la actuación parlamentaria sea pautada por la más absoluta transparencia y constante diálogo con la sociedad.

2. El Foro Consultivo Económico Social del Mercosur - FCES – Reivindicamos su fortalecimiento como organismo de participación de la sociedad civil organizada, lo que debe implicar el acceso a todas las informaciones y documentos (incluso los considerados reservados); establecimiento de una agenda de trabajo sistemática entre este y los órganos de negociación y la garantía de igualdad de participación a las representaciones de empresarios, trabajadores y otros segmentos sociales, a través de la dotación de fondos presupuestarios propios.

3. Conferencia Política y Social del Mercosur – Defendemos la realización de una Conferencia Política y Social del Mercosur en 2004 que profundice el debate de las prioridades del proceso de integración, su profundización política y democrática y la priorirización de políticas sociales horizontales en el Mercosur.

D. Promoción de los derechos laborales

En 1998 los gobiernos del Mercosur aprobaron la Declaración Sociolaboral-DSL, un documento declaratorio que definió un conjunto de estándares sociales y laborales que deben ser aplicados por los Estados Parte.

Con la perspectiva de aprobarse el Acuerdo sobre Residencia de Nacionales, se estará caminando hacia la libre circulación de personas, lo que puede requerir mayor armonización legislativa en materias como derechos laborales, salud laboral, previsión social, certificación ocupacional, etc., y va a requerir cambios en la Declaración Sociolaboral.

Además de este debate, la CCSCS debe reforzar su actuación en la Comisión Sociolaboral y reivindicar seriamente de los Ministerios del Trabajo las condiciones materiales plenas para su funcionamiento.

E. Política Social

Una de las propuestas en discusión por los gobiernos es la creación de un Instituto Social, que puede aportar insumos y coordinar la ejecución de programas e iniciativas sociales a adoptar por los Estados Parte.

Creemos que el Instituto Social debe ser aprobado y contar con un Consejo Consultivo integrado por representaciones sociales y políticas, además de los Estados, que, partiendo de las decisiones y programas ya aprobados en el Mercosur en el área social, principalmente en los temas de: la integración social, la mejora y universalización de la educación, la salud; el combate al trabajo, la violencia y la prostitución infantil; la igualdad de oportunidades, etc.

El Instituto debe integrar un conjunto de programas de cooperación social, articular los centros de investigación y formulación de políticas sociales, desarrollar indicadores sociales armonizados.