DECLARACION FINAL DEL FORO CONTINENTAL
SOBRE EDUCACIÓN, MAR DEL PLATA, ARGENTINA.
NOVIEMBRE DE 2005.

PRIMERO LA DEUDA INTERNA:
LA EDUCACIÓN PUBLICA DEBE SER PRIORIDAD.

Educadoras, educadores, estudiantes y
trabajadores/as vinculados al área educativa:

Nos hemos convocado en la ciudad de Mar del Plata, en el Foro Continental sobre Educación que forma parte de las actividades de la Tercer Cumbre de los Pueblos de América, secuencia de continuidad de los debates y resoluciones del Encuentro de Quebec del 17 y 18 de abril del 2001.

De entonces hasta ahora importantes cambios se han ido produciendo, particularmente, en nuestro continente. De ellos hay uno que para nosotros adquiere particular trascendencia. Nos referimos a la crisis de legitimidad y a la pérdida de consenso social de las políticas que el neoliberalismo logró imponer de manera drástica en la década del 90.

El agotamiento de un modelo de gobernabilidad basado de manera excluyente en los postulados del consenso de Washington, que reducía el margen de la acción política a la ejecución de los intereses de los grupos económicos concentrados y de los dictados de los organismos del poder financiero internacional, queda manifiesto en el contexto de las movilizaciones sociales y de los avances del movimiento popular, con diversas expresiones en distintos puntos de nuestro continente.

La resistencia contra el modelo neoliberal se ha ido consolidando en los últimos años. Los triunfos electorales de fuerzas de signo popular en algunos países y el avance de las movilizaciones que enfrentan las políticas de entrega y exclusión social, constituyen datos de esta nueva realidad. Ya no es sólo el paisaje de la resignación y la desesperanza, apenas iluminado por focos aislados de rebeldía.
Hoy los pueblos de América están buscando alternativas, tratando de encontrar salidas a un sistema de opresión que no les ofrece otro horizonte que más desigualdad y más retroceso en términos de calidad de vida.

En esa búsqueda, con avances y con retrocesos de construcción de una nueva correlación de fuerzas para una América en proceso de transformación, la Cumbre de los Pueblos ha abierto un espacio de resistencia y de formulación de políticas alternativas. Junto con otros ámbitos de convergencia de intelectuales y luchadores populares del continente, como la Alianza Social Continental, el Foro Social y la autoconvocatoria en contra del ALCA, han ido conformando los diversos afluentes de una acumulación de fuerzas, llamada a enfrentar a un neoconservadurismo que, justamente por estar en crisis, redobla el carácter agresivo y avasallante de sus políticas.

Ya no es sólo la determinación de seguir subordinando a los gobiernos de la región a la globalización de los mercados y del capital financiero, con su secuela de hambre y estancamiento. Aparece también como un signo amenazante que recuerda los viejos tiempos de la doctrina Monroe la creciente presencia militar en América Latina de los Estados Unidos de Norteamérica. Primero con la irrupción a través del Plan Colombia , y más recientemente, con los anuncios referidos a acuerdos militares en formato patio trasero con el gobierno paraguayo. Esto podría derivar en la instalación de una base militar del Pentágono en el Cono Sur, hecho que por sí mismo representaría una flagrante amenaza para la paz y la autodeterminación de nuestros pueblos. De esta manera Estados Unidos posesionaría fuerzas militares sobre las puertas de la principal reserva de biomasa y agua dulce del planeta, el Amazonas y el acuífero Guaraní respectivamente.

En América del Norte, el proyecto de un Tratado llamado "TLCAN plus" nos preocupa fuertemente. De concretarse esta iniciativa aseguraría a los Estados Unidos un acceso sin restricciones a los recursos naturales mexicanos y canadienses.

Por otra parte el mismo abriría las puertas a una integración de las fronteras de los países signatarios, con el pretexto de incrementar la seguridad y la protección militar de Estados Unidos.

Por último, no puede dejar de señalarse la contradicción inaceptable que representa el hecho de que mientras por un lado se pone como objetivo supremo facilitar la circulación de las mercancías, por el otro se restringe más y más la libre circulación de las personas.

Otro grave problema lo constituye el lazo corredizo de la deuda externa que asfixia las economías y el gasto social de muchas de nuestras naciones, afectando particularmente al área educativa. La deuda eterna, como se la suele llamar, constituye el ariete por medio del cual se sigue presionando para sostener políticas económicas basadas en la ortodoxia neoliberal que siembran el hambre, el analfabetismo y la exclusión social.

Los datos de este verdadero horror económico, adquieren día a día dimensiones más alarmantes y a la vez más intolerables. Con prácticamente la mitad de su población viviendo debajo de la línea de la pobreza, América Latina transfirió a los países del Norte entre 1998 y 2002, US $ 39000 millones, sólo en concepto de intereses de una deuda que, por otra parte, siguió creciendo. Las convulsiones, estallidos sociales y crisis políticas que asolan a la mayoría de los países de América Latina, convertido en el lugar del mundo que presenta el mayor nivel de desigualdad en la distribución de la riqueza, no han servido todavía para que sean escuchadas las voces de los que planteamos, como lo hicimos en la anterior Cumbre de los Pueblos, detener esta sangría. Por el contrario, la concepción patrimonialista de las cúspides que se reparten los beneficios de regímenes prebendarios, caracterizados por la corrupción y el sometimiento derivado del clientelismo político aplicado a gran escala, siguen siendo un dato dominante en muchos países de la región.

A pesar de la brutal dimensión en términos de costo social de este saqueo, en que se entremezclan los intereses de depredadores locales y transnacionales, se pretende de manera pertinaz seguir actuando como si se ignorara que la crisis de la misma tuvo origen en las irresponsables políticas de endeudamiento, con la validación y la presión de las entidades prestatarias, encabezadas por los consorcios de Estados Unidos y de los países del G.7.

Este endeudamiento masivo no surgió como consecuencia de una necesidad, sino que se desató en medio del estancamiento de la economía de los países desarrollados que, en esas condiciones, se hallaban con amplios sobrantes de excedentes de capital que al no tener posibilidades de inversión productiva, se transformaron en capital de préstamo. América Latina se convirtió en el mercado cautivo para que el capital financiero de los países del Norte encontrara dónde colocarse.

El espiral ascendente del endeudamiento irracional se vio favorecido por el hecho de que ese período "coincidió" con el de la irrupción de dictaduras militares con el decidido apoyo de la C.I.A. y el Departamento de Estado, tal como ha quedado palmariamente documentado con el llamado Plan Cóndor.

Esto demuestra que, además de irracional desde una lógica económica, la deuda externa tuvo un origen ilegítimo e ilegal por haber sido contraída en su mayor parte por tiranías militares. Con un agravante más: esos créditos, en la mayoría de los casos, fueron a parar a las cajas negras de la corrupción que se multiplicaron al calor de la impunidad o se dilapidaron para financiar importaciones de bienes de consumo o de equipamiento militar.

Hoy está aceptado como una realidad evidente que las políticas de ajuste aplicadas desde hace años para hacer frente a las obligaciones de la deuda externa, han impactado negativamente en la progresión del gasto social. Esto se ha dejado sentir de manera sensible en el sector de la educación, en el que a pesar de las reiteradas promesas y compromisos asumidos por los gobiernos en diversos foros internacionales, no se han podido alcanzar las metas de inversión que hubiesen sido necesarias para universalizar el acceso y permanencia en el nivel inicial y primario, expandir la matrícula en la secundaria y erradicar el analfabetismo.

La brutal cifra de 15 millones de niños y niñas que no alcanzan a completar la educación básica en nuestro continente, es la consecuencia directa de este engranaje perverso de la injusticia.

Por otra parte, desde la última Cumbre de la Américas, las políticas neoliberales continuaron afectando negativamente la educación pública. En la gran mayoría de nuestras naciones, creció la privatización de la educación.

Otras tendencias negativas en aumento fueron la reducción de los horizontes educativos, producto de la estandarización que impuso el uso generalizado de tests de mediciones de calidad y la degradación de la situación de los trabajadores de la educación.

Todo indica que con esta realidad, los compromisos cuantitativos, acordados por los Jefes de Estado para el 2010, volverán a quedar incumplidos en la mayoría de los países de las Américas.

En este contexto histórico resulta pertinente retomar la demanda expresada en la Declaración de Quebec suscripta en abril de 2001, referida a la necesidad imperiosa de un cambio profundo de las políticas sociales y educativas.

Nuestro proyecto educativo expresado en aquella Declaración, continúa teniendo plena vigencia y por eso hoy lo reafirmamos:

1. Luchamos por una educación pública, gratuita y de calidad que sea plenamente accesible en todos los ámbitos y durante toda la vida. Estamos convencidos de que una educación obligatoria y de calidad para todas y todos, jóvenes y adultos, debería constar de un mínimo de once años. Rechazamos el adagio que proclama que el éxito de la mayoría es sinónimo de mediocridad. Afirmamos, al contrario, que no puede lograrse una educación de calidad sin democratización y sin eliminación de las desigualdades

2. Afirmamos que la educación es un derecho social universal fundamental que comprende no sólo la formación general sino también la formación profesional o técnica. Este derecho se debe asegurar mediante un servicio público financiado y bajo responsabilidad del Estado. Por lo tanto, combatiremos solidariamente las políticas autoritarias y mercantiles dominantes en muchos lugares del continente y que conducen a una privatización creciente de la educación

3. La educación no es una mercancía que debe servir para enriquecer a las empresas, los alumnos no son productos, los padres de familia y los estudiantes no son consumidores de educación y las trabajadoras y trabajadores de la educación no son simples dispensadores de servicios. Nos oponemos enérgicamente a que la educación se incluya en los acuerdos sobre la liberalización del comercio de los servicios, incluyendo en ello el Área de Libre Comercio de las Américas. Nos oponemos también a la comercialización de la educación, al uso en educación de un discurso mercantil y al intento de imponer como parámetro la relación costo-beneficio.

4. También defendemos una educación de calidad para todas y todos, que sea un instrumento de justicia social y de emancipación de las personas a lo largo de toda su vida. Una educación que promueve la igualdad entre las mujeres y los hombres, sea cual sea su origen étnico, su orientación sexual, sus creencias u opciones filosóficas y su capacidad de aprendizaje. Una educación que forme seres humanos que prefieran la colaboración y la solidaridad a la competencia sin límites, que busquen la paz, la resolución justa y pacífica de los conflictos y se opongan a la violencia y a la militarización

5. Proclamamos que una educación íntegra de calidad debe formar personas libres y críticas, ciudadanas y ciudadanos activos y comprometidos, respetuosos de la diversidad y de los derechos humanos, abiertos al mundo, preocupados por el porvenir del planeta y el desarrollo duradero y con una comprensión crítica de la mundialización. Esta educación debe formar mujeres y hombres preparados para la vida, para el mundo del trabajo, para aprender continuamente, en vez de formarlos específicamente para un empleo determinado

6. Afirmamos que la formación de base, la formación profesional o técnica y la formación superior deben tener en cuenta las cuestiones de seguridad alimentaria, de agricultura duradera, de desarrollo energético duradero y de protección del medio ambiente así como las relativas a los derechos humanos, a la democracia, a las relaciones interculturales, al consumo responsable y al comercio equitativo, con vistas a un futuro viable.

7. Debemos combatir el racismo, la exclusión y la marginación de que son víctimas especialmente los alumnos de las comunidades negras y autóctonas. Afirmamos que los alumnos discapacitados o con dificultades de adaptación o de aprendizaje, los niños de la calle, trabajadores o itinerantes, los niños víctimas de la guerra deben tener acceso a servicios particulares que aseguren su escolarización. Exigimos que se preste una atención especial a la enseñanza rural y al respeto de la cultura campesina.

8. Apoyamos una visión de la educación de adultos que garantice el derecho a la educación pública para el conjunto de la población adulta. Asimismo, exhortamos a los Gobiernos a que creen las condiciones para una cultura de la educación a lo largo de la vida de una persona, multiplicando las ocasiones de aprender en el medio de vida y de trabajo de la población adulta.

9. Nos oponemos a una concepción de la calidad estrechamente definida a partir de pruebas estandarizadas que reducen la misión de la educación a lo que se puede medir con facilidad y que no toman en cuenta las necesidades particulares de los alumnos. Exigimos la desaparición de estas pruebas que se emplean como un instrumento de exclusión.

10. Queremos continuar aportando a la elaboración de modelos y planteamientos pedagógicos que parten de la experiencia de las personas, que respondan a las necesidades sociales, económicas y culturales de nuestros pueblos, que traten de reducir el fracaso, la deserción y la exclusión escolares. Estamos a favor de una gestión democrática de la educación, a todos los niveles y en todas las instituciones, una gestión basada en la participación del personal, de los alumnos y de la colectividad

11. Afirmamos que se necesita una enseñanza superior pública, gratuita y de calidad que respete la libertad académica y la autonomía institucional y que garantice que la investigación esté al servicio del desarrollo de la sociedad y no subordinada a las necesidades e imposiciones de las empresas privadas.
Estas definiciones de principios son las que inspiran los objetivos a lograr en la actual etapa de lucha. Es necesario que los trabajadores de la educación, apropiándonos del acumulado histórico en la resistencia frente a los embates del neoliberalismo, asumamos en esta etapa de ofensiva el desafío de proponer políticas públicas superadoras que garanticen el derecho social a la educación.

Es por ello que en el marco de la Cumbre de los Pueblos, proponemos:

1. Reafirmar la responsabilidad indelegable del Estado nacional y los Estados Provinciales en el sostenimiento del sistema público como garantía intransferible del derecho social a la educación.

2. Definir un presupuesto educativo cuyo piso no puede ser inferior al 7% del PBI,
y un financiamiento basado en el principio de la educación como prioridad política indelegable del Estado. Estos recursos deberán garantizar salarios que constituyan una justa retribución a quienes se desempeñan en el sistema educativo, así como condiciones dignas de trabajo para éstos y el alumnado.

3. Bregar para que el Estado implemente políticas públicas concurrentes que puedan promover y sostener -material y simbólicamente- la educación de todos y todas y la escolarización universal.

4. Considerar, a la hora de definir normas que ambos, docente y estudiante, como sujetos de derecho, necesitan estar protegidos en sus derechos a la educación y al trabajo, y en ese contexto disponer de posibilidades concretas de construcción de conocimientos para constituirse como sujetos histórico-sociales.

5. Lograr condiciones que garanticen no sólo el acceso, permanencia y egreso de las escuelas, sino también la accesibilidad a los conocimientos, contribuyendo a formar sujetos críticos de la realidad social, comprometidos con la transformación de su vida y la de su comunidad.

6. Bregar por políticas, estrategias y recursos específicos que permitan el ejercicio real del derecho a la educación a sujetos con discapacidad, necesidades especiales, pueblos originarios, minorías étnicas, poblaciones que se trasladan con motivo de tareas agrícolas u otras, habitantes de zonas inhóspitas, personas privadas de la libertad, etc.

7. Rechazar las políticas de los organismos financieros internacionales y/o los tratados que en nombre del "libre comercio" intentan transformar los derechos en mercancías. Es imprescindible contar no sólo con una firme posición en los foros internacionales, sino también con dispositivos de legislación interna que actúen en consecuencia.

8. Promover políticas estatales cuyas regulaciones impidan la mercantilización y privatización de la educación y aseguren su gratuidad en todos sus niveles, modalidades y formatos. Con especial atención de los postítulos, postgrados y cursos de capacitación que se ofrecen de manera arancelada y masiva sin ningún tipo de regulación estatal.

9. Generar, exigir y garantizar mecanismos de participación efectivos de las organizaciones gremiales docentes y estudiantiles y comunidad educativa en el planeamiento educativo, en el diseño curricular, en el gobierno de la educación y en el control del financiamiento a nivel local, provincial y nacional.

10. Promover una formación docente que como parte del sistema de Educación Superior esté integrada con el conjunto del sistema educativo tanto en su etapa inicial como en la formación continua. El elemento insoslayable de esta formación debe ser el diálogo entre teoría y práctica y la recuperación del conocimiento que produce el trabajo.

Plan de acción

1. Apoyamos la lucha de las naciones autóctonas y de los pueblos indígenas que reivindican el derecho a controlar sus propias instituciones educativas para asegurar el respeto y el fomento de su lengua, cultura y patrimonio y de una educación que valore y difunda la diversidad étnica, así como la pluralidad cultural y lingüística. La educación pública debe incluir la historia y la cultura de estos pueblos y el personal debe recibir la formación adecuada para ello.

2. Exigimos el pleno respeto de los derechos sindicales de los trabajadores de la educación, destacando especialmente el derecho a la negociación colectiva. También seguiremos luchando por que mejoren las condiciones de trabajo, de enseñanza y de aprendizaje. Asimismo reivindicamos normas de higiene y seguridad que garanticen la protección adecuada del personal y de los alumnos y que se concreten en un código de salud para la educación pública.

3. Reafirmamos la determinación de seguir bregando por la elevación de los salarios de los trabajadores de la educación, que reconozca la trascendencia de su tarea y le permita acceder a los bienes de índole material y cultural que le aseguren una vida digna.

4. Pedimos la garantía de sistemas jubilatorios que permitan el disfrute de ese beneficio en condiciones dignas. Es impostergable la revisión de las medidas que, inspiradas en las recetas de ajuste de las agencias internacionales, destruyeron los regímenes previsionales que estaban vigente en la mayoría de la naciones de nuestro continente hasta principios de los 90. Al mismo tiempo exigimos el cese de las ofensivas gubernamentales, impulsadas en Estados Unidos de Norte América, que pretenden despojar a los educadores de ese país de dicho derecho.

5. Exigimos, para asegurar un financiamiento adecuado y justo de la educación pública, la cancelación de la ilegítima deuda externa de los países de las Américas, como así también el cese de las políticas de ajuste estructural.
En este contexto, apoyamos las campañas impulsadas por varias centrales de educadores de nuestro continente, de canje de deuda por educación y de imposición de cargas sobre las transacciones financieras.

6. Reafirmamos la continuidad de la campaña impulsada por las organizaciones miembros de la IEAL y otras, bajo la consigna, "La Educación es un derecho, no una mercancía", para exigir que ésta sea excluída de los acuerdos multilaterales de comercio. Acreditamos como un logro en ese sentido, la firma del acta entre las autoridades educativas y las confederaciones de educadores de Brasil y Argentina, expresando el compromiso de no incluir a la educación en los AGCS.

7. Nos comprometemos a acrecentar la solidaridad continental en educación mediante:

• La colaboración con las organizaciones regionales que trabajan en este ámbito y el apoyo al plan de acción adjunto a esta declaración.
• El fortalecimiento, en colaboración con las organizaciones sindicales y populares, y con las organizaciones que representan a los padres de familia y a los estudiantes de cada uno de nuestros países, de un vasto movimiento a favor de una educación pública de calidad para todos.

8. Exigimos el cese de la violencia ejercida contra los luchadores populares y reclamamos se ponga fin de inmediato a toda medida que implique la criminalización de la protesta social.

9. Demandamos la no instalación de bases militares de los Estados Unidos de Norte América en nuestros países e impulsamos, junto con esto, una campaña de difusión continental pidiendo el retiro de dichas fuerzas de Colombia.

BORRADOR DE PROPUESTA DE DECLARACIÓN A SER CONSIDERADA EN LA CUMBRE DE MAR DEL PLATA.

SOLICITAMOS QUE LAS CORRECCIONES O AGREGADOS NOS SEAN ENVIADAS EN LO POSIBLE HASTA EL DÍA JUEVES 27 DE OCTUBRE / 05

COMITÉ ORGANIZADOR