COORDINADORA DE CENTRALES SINDICALES DEL CONO SUR
CAMINO A LA 15º CONFERENCIA DE LAS PARTES EN COPENHAGUE
PROPUESTAS DE LA CCSCS PARA ENFRENTAR AL CAMBIO CLIMÁTICO
INTRODUCCIÓN
La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), es un organismo de coordinación y articulación de las centrales de trabajadoras y trabajadores, fundada en 1986 e integrada por las mayores y más representativas organizaciones sindicales de los países del Cono Sur.
Desde sus inicios, la Coordinadora asumió la responsabilidad de ser parte activa del proceso de construcción del MERCOSUR.
Por ello, en cumplimiento de este compromiso, vemos con preocupación, que los procesos de integración regional están escindidos de los proyectos que pretendemos, al estar muy centrados en los aspectos comerciales y no contemplar la necesaria articulación entre las diferentes políticas que deberían ser tenidas en cuenta para orientar nuestras sociedades hacia un desarrollo sustentable.
Para conseguir nuestro objetivo de lograr una sociedad sustentable, entendemos que es fundamental asegurar la promoción de la equidad intergeneracional e intrageneracional, la justicia climática y socio-ambiental y en este marco, las cuestiones vinculadas al cambio climático deben ser consideradas transversales.
En la actualidad, en la comunidad científica, no sólo existe un sólido consenso respecto a que si el cambio en la temperatura media global en el siglo XXI sobrepasa los 2,4 grados Celsius, las modificaciones en el sistema climático del planeta serán a gran escala, irreversibles y desastrosas sino que además, el margen de actuación que podría marcar la diferencia es muy estrecho, no más de 15 años.
Para nosotros está claro que el fenómeno del cambio climático no es más que la manifestación del proceso de privatización de la atmósfera por parte de las sociedades más desarrolladas que compromete seriamente la vida de todo el planeta. Esta problemática, es el resultado de la aplicación de un modelo de producción, distribución y consumo basado en la sobreexplotación de los recursos naturales y su apropiación por parte de las sociedades denominadas “más avanzadas”.
La inquietud con relación al Cambio Climático fue creciendo con los años y se está convirtiendo en una preocupación socioeconómica y sociopolítica cada vez más intensa, en la medida que las modificaciones del medio son cada vez más evidentes, más profundas y más generalizadas.
Desde la CCSCS apoyamos el Artículo 3.1 de la Convención Marco de Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en cuanto entendemos que los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. Teniendo en cuenta que los países han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas ante este fenómeno. En consecuencia y en vista de las presiones que las sociedades más industrializadas ejercieron y ejercen en el medio ambiente mundial, los países desarrollados deben reconocer la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sustentable, en la transferencia de las tecnologías amigables con el ambiente y en aportar los recursos financieros necesarios en la lucha contra las consecuencias del Cambio Climático Global.
El cambio climático es una realidad que necesita de acciones colectivas a nivel local, regional y global, por ello es imprescindible que se instrumenten Políticas de Estado coherentes en todos los ámbitos y niveles de decisión.
Los Estados tienen la responsabilidad de arbitrar los medios para brindarle a la sociedad las herramientas que permitan introducir los cambios estratégicos necesarios en el modelo de crecimiento de la economía que aseguren mayor sustentabilidad ambiental, en el medio y largo plazo.
Esto requiere sin duda transformaciones muy importantes que obligarán a replantearse que es lo que se produce, para qué, para quienes. En ese contexto, se deberá también concebir como serán los pasos que se darán, por ello, queda claro que el Estado, como proyecto colectivo garante del bien común, no puede eludir su responsabilidad en la toma de decisiones, en la planificación y ejecución de políticas coherentes. No podemos aceptar un modelo de Estado ausente.
Como trabajadores somos conscientes de las consecuencias que trae el aumento incontrolado de Gases de Efecto Invernadero y de la necesidad de implementar acciones inmediatas. Pero también estamos convencidos que cualquier solución factible para enfrentar al cambio climático debe asegurar la existencia de justicia social ya que las principales víctimas están siendo los más necesitados, las trabajadoras y los trabajadores cuya única responsabilidad es la haber nacido en un contexto de pobreza
A nivel internacional, la esperanza de alcanzar un resultado justo con respecto a la protección del clima reside, en gran medida, en el éxito de las negociaciones de la CMNUCC, sin embargo, a pesar de los compromisos asumidos en ese ámbito, los hechos demuestran que las políticas de reducción de emisiones de Gases efecto Invernadero (GEI) llevadas adelante por los países ricos han fracasado.
Ante este escenario, las organizaciones sindicales estamos trabajando para que estas negociaciones se conviertan en una oportunidad real para contribuir de manera efectiva en la protección de nuestro planeta. Esto implica, necesariamente, que en Copenhague se garanticen acuerdos equitativos y socialmente comprometidos que exija a los gobiernos consultar, planificar e implementar una estrategia de transición justa que permita proteger a los más vulnerables, tanto de los efectos del fenómeno del Cambio Climático, como a las medidas de mitigación y adaptación que se tomen para combatirlo y que se asegure la participación del movimiento social y sindical en el monitoreo y verificación de los mismos.
Somos conscientes que la adopción de decisiones sobre esta problemática es un proceso que se desarrolla en condiciones de incertidumbre general y que incluye asumir los riesgos de cambios irreversibles y/o no lineales, nos exige ponderar los riesgos de medidas excesivas o insuficientes y considerar en detalle las consecuencias ambientales, económicas y sociales, su probabilidad y la actitud de la sociedad frente a dichos riesgos.
También entendemos que para esto no existen recetas, ya que no hay un conjunto ideal de políticas que pueda ser aplicado de forma universal. Sin embargo, enfatizamos que cualquier solución, además de evaluar la solidez de las diferentes medidas políticas frente a una serie de posibilidades futuras, debe considerar en qué grado, esas políticas climáticas específicas se integran con las políticas de desarrollo futuro sustentable más generales.
Teniendo en cuenta lo detallado hasta aquí, desde la CCSCS presentamos nuestra propuesta de acción frente al Cambio Climático, camino a las negociaciones de Copenhague.
PROPUESTAS DE ACCIÓN CAMINO A COPENHAGUE
Políticas Públicas de adaptación
Desde la CCSCS consideramos necesario ampliar las investigaciones y estudios vinculados a la determinación de los impactos del cambio climático sobre el empleo, priorizando aquellas áreas donde existen certezas respecto a que serán las más afectadas como consecuencia de los cambios en el sistema climático.
Consideramos que las consecuencias que el cambio climático traerá sobre las poblaciones más vulnerables hace necesaria la ampliación de programas sociales.
En este sentido, defendemos que la propuesta de la CSI sobre transición justa en las próximas instancias de negociación camino a Copenhague, sea apoyada por todos los países de la región. Esa transición justa, debería traducirse en una implementación de Planes Nacionales de Cambios Climáticos que tengan en cuenta la formación de trabajadoras y trabajadores cuyos empleos estén en riesgo, tanto por mitigación como por adaptación.
Políticas de mitigación
Basándonos en los recursos, las capacidades tecnológicas y las responsabilidades históricas que poseen, desde la CCSCS seguimos exigiendo que los países más ricos del mundo tomen la iniciativa en cuanto a la reducción de emisiones.
Al respecto, los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) concluyen que se necesita que los países desarrollados reduzcan sus emisiones de GEI, por lo menos, entre 25 y 40% con respecto a los niveles de 1990 para 2020, a fin de lograr la reducción mundial de 85% para el año 2050.
Desde la CCSCS reconocemos la urgencia de tomar medidas pero también comprendemos que existen circunstancias específicas en los países desarrollados que pueden imponer metas más o menos ambiciosas según el caso. Sin embargo, debe quedar claro que estas circunstancias sólo pueden ser aceptadas si las reducciones netas de los países del Anexo I cumplen con las metas recomendadas por el IPCC.
Consideramos que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas deben servir como marco para la acción, no para la inacción. En este contexto, entendemos que nuestros países deben reducir, estabilizar y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo a sus capacidades, sin poner en riesgo nuestra capacidad de desarrollo.
Los países que han superado cierto umbral de desarrollo en la región tienen que participar del esfuerzo a través de una serie de políticas, que incluyan metas de energías renovables, de eficiencia energética, de tecnologías más limpias y de reducción de la deforestación, entre otras, ofreciendo a los ciudadanos, al mismo tiempo, el acceso a medios de vida digna. Para ello es necesario que estas políticas vayan acompañadas de objetivos y mecanismos claros de financiación y promoción del desarrollo y la transferencia de tecnologías de parte de los países desarrollados, asegurando que las mismas no fomenten nuevos tipos de dependencia.
Las responsabilidades de prevenir la alteración del clima y de reducir emisiones deben ser compartidas de manera equitativa tanto a nivel nacional como regional. Esto significa que deben tomarse las medidas adecuadas para lograr una distribución justa del costo asociado a la reducción de emisiones, para que las personas más necesitadas no sean quienes paguen el precio más alto.
No podemos replicar el modelo mundial a escala regional o local, por ello es necesario tener en cuenta el nivel de ingreso para que los esfuerzos de reducción de emisiones se dirijan hacia aquellos que tienen la capacidad de llevarlos a cabo.
Mecanismos de Flexibilización
Cualquiera sea la forma de flexibilidad en la reducción que implique inversiones en el Sur, debería ser controlada por el país receptor, quien debe evaluar si la misma ayuda efectivamente en la sustentabilidad, en la estrategia de desarrollo del país y en la redistribución de la renta.
Pero más allá de lo indicado, desde la CCSCS entendemos que el sistema de comercio de emisiones y compensaciones distrae la atención de los cambios sistémicos y las acciones políticas colectivas que se deben emprender en la transición hacia una sociedad menos emisora de GEI´s.
Promover un enfoque más efectivo con respecto al cambio climático implica alejarse del dogma miope y reduccionista del libre mercado, de los falsos arreglos económicos y de los intereses a corto plazo de las grandes empresas.
El debate del Cambio Climático no puede enmarcarse en términos financieros ya que el precio del régimen climático, no puede ser fijado por el propio mercado debido a que éste se ve impulsado por la especulación y no por los principios más básicos de la ecología.
Estamos convencidos de que las soluciones que presentan las herramientas planteadas en los mecanismos de flexibilización para la reducción de emisiones son instrumentos de mercantilización del clima, que están sirviendo únicamente para evadir las responsabilidades de los países industrializados.
El régimen climático no puede seguir apoyándose en torno al mismo sistema fallido que ha conducido al reciente derrumbe financiero. Consideramos que las herramientas de flexibilización deben ser eliminadas debido a que son instrumentos de especulación.
El caso del Modelo de Desarrollo Limpio (MDL) es un claro ejemplo. Constituye una mera herramienta de reducción de costos para el cumplimiento de los compromisos de los países desarrollados, inconsistente con las prioridades de los países en desarrollo donde se impone y sin beneficios reales para la atmósfera y el país anfitrión.
La volatilidad de los precios de los bonos de carbono que generan estos proyectos, sumado a los, generalmente muy malos acuerdos entre el proponente y el país anfitrión, así como los gastos adicionales de estudios, consultoría y patentes involucrados, hacen que habitualmente el proponente del proyecto (país desarrollado) gane mucho y el anfitrión (país en desarrollo) gane casi nada o, incluso, pierda.
En relación a la Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) entendemos que no puede ser considerado como un nuevo mecanismo de flexibilización ya que propiciará nuevos problemas, entre ellos, cuestiones vinculadas a la posesión y derechos de las tierras; metodología de evaluación tanto en lo referente a la línea de base como a la medición del volumen de CO2 capturado y el % de reducción de la deforestación logrado.
Otros problemas que podrían provocar la inclusión de REDD como un nuevo mecanismo de flexibilización está vinculados a la sustitución de bosques naturales por plantaciones de árboles, la permanencia de las emisiones evitadas, sin omitir las limitaciones vinculadas a los altos costos administrativos necesarios para realizar los monitoreos y otro tipo de controles.
La CCSCS entiende que REDD debe ser utilizado como un mecanismo para financiamiento de proyectos de protección forestal, con criterios sociales y ambientales que garanticen la protección de las poblaciones más afectadas, así como el establecimiento de espacios de participación y control social.
Los recursos necesarios para implementar estos programas deben ser exclusivamente públicos, a partir de un Fondo específico (como el Fondo Amazonia ya creado por el gobierno de Brasil) el cual debe ser gerenciado por una entidad Estatal cuya misión será la de captar recursos de gobiernos, fundaciones y ONG´s que quieran proteger los bosques. El objetivo final de este programa es asegurar la mejora de las condiciones sociales, el beneficio de las poblaciones tradicionales y comunidades que habitan los sitios a proteger, garantizando el empleo en el sitio, así como la soberanía y seguridad alimentaria.
Deuda Ecológica y Deuda Climática
Los impactos originados por el Cambio Climático, como la inseguridad alimentaria y los fenómenos climáticos extremos tienen efectos negativos sobre los derechos a la vida, los alimentos, el agua y la salud. Sin embargo, estos impactos negativos no se dejan sentir por igual, ya que dependen de factores no climáticos tales como la discriminación y las relaciones desiguales de poder. En este sentido, los países más pobres y los pueblos del mundo que menos han contribuido al Cambio Climático, quienes están siendo los principales afectados por este fenómeno.
Las Centrales Sindicales del Cono Sur consideramos que los países desarrollados tienen una deuda ecológica con nuestros países y, en consecuencia, tenemos derecho a exigir reparaciones.
En las próximas instancias de negociación entendemos que los países de nuestra región deben apoyar la propuesta de deuda ecológica presentada oficialmente por Bolivia en el marco de las negociaciones de la CMNUCC realizadas en junio de 2009 en Bonn.
Un financiamiento adecuado para garantizar un avance real hacia un mundo con bajas emisiones de carbono y para la adaptación de los países vulnerables, también es una cuestión de justicia global. Un acuerdo multilateral sobre cambios climáticos deberá centrarse en una propuesta de financiamiento que garantice justicia llevando a los países desarrollados a compensar y reparar las pérdidas que vienen ocurriendo en los países en desarrollo.
La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur entendemos que los aspectos humanos y políticos del cambio climático tienen que ser, necesariamente analizados, desde la justicia ambiental y de la deuda ecológica.
Transferencias de tecnologías
La realidad muestra que, a pesar del mandato de la CMNUCC, aún no se ha verificado una verdadera transferencia de tecnología hacia nuestros países.
En vista de los magros resultados obtenidos hasta el momento, las organizaciones sindicales del Cono Sur consideramos imprescindible hacer un llamado a iniciar un debate profundo sobre transferencia de tecnología, que vaya más allá de las declaraciones de intención.
Los países más desarrollados deben comprometerse a efectivizar la transferencia de tecnología para contribuir con el desarrollo sustentable del sur. Las patentes no pueden ser un impedimento para ello y, a su vez, la tecnología transferida no pude generar dependencia.
No obstante lo mencionado, entendemos que es necesario fortalecer la investigación en la esfera pública nacional, ya que es un elemento esencial del desarrollo tecnológico. Los países de nuestra región cuentan con un cúmulo de conocimientos y tecnologías que permiten que, en muchos campos, no haya necesidad de recurrir a los países de desarrollados en busca de ayuda. En este sentido debemos fortalecer la cooperación basada en la complementariedad y la solidaridad como contraposición a la competencia egoísta que caracteriza las relaciones de los grandes centros de poder con sus vecinos menos desarrollados.
Los hechos demuestran que la tecnología es el eslabón más débil de la cadena de producción puesto que determina los niveles de rendimiento posibles de alcanzar. Sin una formación y capacitación adecuada para los empresarios y los trabajadores, la tecnología y los recursos disponibles para las inversiones no se pueden canalizar o no pueden cumplir con los beneficios ambientales y/o los resultados económicos esperados. Es esencial cubrir el vacío de habilidades y anticiparse a las necesidades futuras, para lograr una transición amplia y rápida hacia economías más sustentables.
Promulgación de una Normativa Ambiental Regional
Las organizaciones sindicales debemos propiciar la promulgación de normativas ambientales eficaces donde las prioridades, reflejen el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. En consecuencia, se deberá considerar muy especialmente el riesgo que implica la implantación o importación de determinados modelos, ya que, las normas aplicadas por algunos países pueden ser inadecuadas y/o representar un costo económico y social injustificado en nuestra región.
No debemos permitir que los países desarrollados dicten las reglas del juego y establezcan mecanismos para la satisfacción de sus intereses.
Empleos Verdes
Para conseguir que crecimiento económico y desarrollo sean compatibles con la estabilización del clima y con una huella ambiental que sea sustentable, será necesario asegurar un cambio en los patrones de producción y consumo que requerirá una segunda gran transformación de las economías y las sociedades, cuya profundidad, puede ser comparable a la primera transformación promovida por la revolución industrial.
En la búsqueda de mejorar la eficiencia energética, en el desarrollo de la agricultura sustentable, en la tecnología y en las políticas de mitigación aparece la posibilidad de crear nuevos empleos que solo podrán ser considerados verdes/sustentables si a su vez son decentes y se corresponden con un modelo de desarrollo sustentable, pensado a nivel nacional y regional.
Por ello es necesario afianzar el rol de los Estados en el estudio y la definición e implementación de políticas de Empleo nacionales y regionales que prioricen el uso de mano de obra. Para los sectores, donde a largo plazo será necesario reducir empleos, esto debe ser realizado a través de una Transición Justa, con políticas públicas de reconversión productiva con capacitación profesional para la calificación de los trabajadores.
La OIT considera que los gobiernos deben crear condiciones para que se promueva una “transición justa” en dirección a una economía verde que involucre, necesariamente, diálogo social entre gobiernos, trabajadores y empleadores para acompañar y mejorar la implementación de esas políticas.
Trabajo Decente
Es imprescindible que nuestros países materialicen Planes de Trabajo Decente que permitan generar más y mejores empleos, independientemente de los estímulos fiscales y financieros que pueden estar dirigidos a sectores estratégicos, en dirección a una economía de bajas emisiones.
La CCSCS entiende que las políticas de estímulo e incentivos para la creación de empleos verdes/sustentables no pueden ser definidas por los países desarrollados, sino que el rol de estos es el de apoyar financieramente a nuestros países para asegurar la reducir emisiones, combatir la deforestación y adaptarse a los cambios climáticos, sin que se aumente el desempleo y la precarización de las trabajadoras y trabajadores vinculados a los sectores considerados “sucios” (dependientes de los combustibles fósiles).
Si bien defendemos la transición hacia economías menos emisoras, no aceptamos que los trabajadores paguen el costo de la reconversión de las matrices energéticas. Es aquí donde los países ricos, deben pagar las cuentas pendientes con financiamiento y la transferencia de tecnologías limpias.
Cláusula Ambiental en Documentos Licitatorios
Es imprescindible asegurar que en las licitaciones públicas, los Gobiernos nacionales y los Organismos Internacionales incorporaren criterios ambientales.
Este marco normativo debe ser claro tanto al momento de establecer las obligaciones como al fijar los criterios sancionatorios por incumplimientos de las normas.
Incorporación de los Sindicatos en la implementación de los Planes Nacionales de Cambio Climático
La CCSCS considera necesario que nuestros países generen espacios donde, las organizaciones sindicales puedan interactuar con otras organizaciones de la sociedad civil y el Estado para aportar nuestra visión y experiencia. No queremos ser meros espectadores.
La inclusión de los trabajadores en este espacio debe ser una prioridad porque, entendemos, somos actores importantes en la promoción de las acciones colectivas necesarias para enfrentar la problemática del Cambio Climático y promover la equidad intergeneracional e intrageneracional, la justicia climática y socio-ambiental, fundamental para el desarrollo sustentable que perseguimos.
Debe garantizarse la plena transparencia, divulgación y consulta. No habrá justicia social y climática si los intereses corporativos priman
Implementación de un Foro Regional de Cambio Climático
Las negociaciones camino a Copenhague son lentas y tal como se observó en Poznan en Diciembre de 2008, no se vislumbra la adopción de compromisos concretos.
En este escenario la CCSCS entiende que es indispensable que, a nivel bloque regional, se generen espacios de discusión donde, las organizaciones sindicales de los distintos países puedan interactuar con otras organizaciones de la sociedad civil y los representantes de los Estados con el convencimiento que nuestra visión y experiencia será enriquecedora.
En este ámbito tampoco queremos ser espectadores, tampoco queremos un espacio que se reduzca al cumplimiento de formalismos, por ello consideramos fundamental que este Foro Regional no sólo tenga capacidad de definir prioridades, sino que las mismas sean consideradas en la definición de las políticas regionales.
Teniendo en cuenta lo mencionado y en cumplimiento a los compromisos asumidos por los representantes de nuestras organizaciones sindicales en la II CONFERENCIA SINDICAL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, consideramos necesario abordar, entre otros temas, las cuestiones ligadas a una verdadera integración energética en la región, la definición de políticas de adaptación y desarrollo de nuestras sociedades, promoción de la Educación Ambiental formal y no formal y la elaboración de Mapas de Riesgo Medioambientales a fin de permitir la toma de conciencia de las distintas problemáticas, facilitar la sensibilización, evaluar los riesgos existentes y proponer las vías de solución/negociación, entre otras cuestiones.
CONCLUSIÓN
Reiteramos que el cambio climático no es un problema provocado por ‘la humanidad’ en general. El cambio climático fue desatado por la sobreexplotación de recursos en manos de una parte de la humanidad durante más de 250 años, cuando los países del Norte industrializaron sus economías basándose en los bajos precios de la energía.
En este contexto, la justicia ambiental implica que estos mismos países deben asumir la responsabilidad de solucionar el problema tal como la propia Convención lo estipula. Es fundamental que este principio sea tomado seriamente en las negociaciones y asegurar que el próximo acuerdo no exacerbe la brecha climática.
El momento es histórico y pasará rápidamente. Debemos asegurarnos que lo urgente no nos haga perder de vista lo importante, por ello, entendemos que esta dramática situación no se podrá enfrentar si no se modifican los actuales patrones de producción y consumo insostenibles. Es el momento de decidir los objetivos del nuevo modelo y la forma en que se gestionará la transición a fin de lograr cubrir las necesidades de todos, en un marco de equidad intrageneracional e intergeneracional, justicia social, de respeto por el medio ambiente y la diversidad cultural.
Nuestra región reúne todas las condiciones políticas, económicas, naturales y humanas para ser un actor clave en un acuerdo global histórico que promueva el compromiso de todas las naciones por un mundo más sustentable y socialmente más justo.
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur
Octubre de 2009
