Los dirigentes sindicales del Mercosur reunidos en Montevideo Uruguay el 6 y 7 de diciembre de 1999, reconocen los siguientes problemas generados por la aplicación del modelo neoliberal y reestructura del sector en sus países:
La eliminación de los monopolios públicos y la introducción de la competencia en los mercados energéticos sustituyéndolos por oligopolios privados de las multinacionales.
Desverticalización o fragmentación de las cadenas energéticas en funciones básicas (por ejemplo: Generación, Transporte y distribución) a cargo de diferentes operadores.
Pérdida de la calidad de los servicios.
Aumento de las tarifas. Implementación de nuevos sistemas tarifarios para garantizar la rentabilidad a las empresas privatizadoras.
Aumento de las contrataciones de consultorías externas y compra de equipamientos de las casas matrices en detrimento de la producción nacional. Transferencia excesiva de las ganancias para las casas matrices en perjuicio de la inversión interna.
Fuerte agresión de las empresas privatizadas a los derechos de los trabajadores y de los dirigentes sindicales.
Despidos masivos de trabajadores en las empresas privatizadas.
Aumento significativo del número de accidentes de trabajo, inclusive con muerte de trabajadores.
Incremento de la agresión del medioambiente por parte de las empresas privatizadas.
Sustitución de los cuadros gerenciales nacionales de alta especialización por cuadros gerenciales extranjeros
Se promueve la producción y el consumo del gas natural en lugar de otras fuentes de energía sustentables sobre la base del menor costo.
La integración regional se ha basado en las reglas del mercado (utilizando a los trabajadores como variable económica para la reducción de costos) en detrimento de una integración que apunte a la complementación energética y productiva y al incremento del nivel de vida de sus habitantes.
Ante esta situación los Trabajadores del Sector planteamos:
1)Lineamientos Generales para un Proyecto Alternativo
1.1. Principios Básicos
La energía, que abastece a los hogares y servicios, es un servicio escencial y estratégico y por tanto un servicio público y no debería ser una mercancía; destinándola a impulsar el aparato productivo de cada país y la calidad de vida del pueblo. Apuntando a generar puestos de trabajo para paliar las altas tasas de desempleo que sufre la población de nuestros países. Empleos en condiciones laborales dignas y seguras, sin que se atente contra el derecho a la sindicalización y con remuneraciones decorosas.
El Estado deberá asegurar el acceso de la energía a toda la población, no importa su nivel de ingresos o su localización geográfica. Se desarrollarán programas de electrificación rural con el objetivo de cubrir las zonas rurales aún alejadas de la red. Crear líneas de financiación públicas para fuentes de generación energética alternativas.
Si bien cada país tomado individualmente no puede pensar en una política energética de autoabastecimiento si analizamos la situación en cuanto a la región creemos no sólo necesario sino también posible la complementación energética que fortalezca a la región en su conjunto. Este proceso de complementación que nos permita lograr como región aceptables niveles de autoabastecimiento, debe respetar los distintos tiempos y realidades específicas de cada país. Las imposiciones de las transnacionales por alcanzar las llamadas "simetrías regulatorias" no pueden regir el proceso de integración energética.
La política energética no deberá inducir al consumismo energético sino que, deberá promover el uso racional y eficiente de la energía, apelando simultáneamente a la educación y a estímulos económicos. Las inversiones en el sector energía no deberán orientarse sólo a aumentar la capacidad de generación o producción, sino también a la conservación y uso eficiente de la energía, reduciendo la dilapidación de recursos, tanto en las empresas como en los hogares.
La política energética deberá orientarse por la búsqueda del desarrollo sustentable: un tipo de desarrollo que integra las componentes sociales, políticas, culturales y económicas y que tiene como objetivo central lograr la satisfacción de las necesidades del presente sin limitar las necesidades de las generaciones futuras. Por tanto, no exige sacrificios a las actuales generaciones a fin de garantizar la cobertura de los requerimientos del futuro, sino que, en cambio, pretende satisfacer las necesidades sociales del presente de modo tal de no comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.
La sustentabilidad de la política energética implica considerar el impacto ambiental de las inversiones energéticas: se tenderán a limitar las fuentes de energía más contaminantes y a promover las fuentes limpias y renovables. Gradualmente, se impulsará la introducción de los costos medioambientales en los costos de la energía, favoreciendo a las fuentes limpias y renovables.
El mercado se ha revelado claramente insuficiente cuando se trata de orientar adecuadamente el uso de los recursos naturales (en particular los energéticos) y de promover las inversiones fuertemente intensivas en capital y de largos períodos de maduración como lo son las del sector energético. Esto significa que el sistema de precios por sí mismo es insuficiente para inducir una asignación de recursos en el seno del sistema energético que sea satisfactoria para la sociedad en su conjunto dentro de un horizonte de mediano y largo plazo. Con esto no se pretende quitar importancia a la influencia de los precios en el funcionamiento de los sistemas energéticos. Se trata en cambio de mostrar la necesidad de que la planificación energética debe actuar como complemento y orientación del sistema de precios a fin de lograr un sistema de abastecimiento energético satisfactorio, sin despilfarro de recursos y sin las indisponibilidades que significan altos costos sociales y pérdidas en el bienestar colectivo. El sector energía es un sector estratégico de la economía, por su influencia en la vida cotidiana de la población como por su incidencia en el funcionamiento económico. Por lo mismo, reclamamos que el Estado debe desempeñar un papel clave en el sector energía, tanto como regulador, como productor y comercializador.
2. Principales orientaciones y acciones de la política energética
Asegurar el carácter de servicio público de la energía eléctrica, gas y agua a toda la población.
Se revisarán las regulaciones y las acciones que tienden actualmente a desvirtuar el principio de equidad, tanto social como geográfica.
Se revisará la política de tarifas energéticas, procurando combinar más adecuadamente los criterios de eficiencia del servicio con el principio de equidad (social y entre empresas).
Donde sea necesario, se incrementará el proceso de electrificación rural, asegurando la incorporación de toda la población a las fuentes de energía modernas.
Se formalizarán las reglas para subsidiar el acceso a la energía por parte de los sectores más carenciados de la población.
Formación de comisiones integradas por usuarios, trabajadores y empresarios de control social a los servicios de provisión de energía en los distintos niveles de gobierno.
Deben establecerse eficaces controles del Estado a las multinacionales para que estas respeten las normas de seguridad, no cometan abusos hacia la población y aseguren el respeto al medio ambiente. Las empresas privadas, en especial las extranjeras deberán respetar las leyes laborales y las libertades sindicales de cada país de la región. No admitir un Estado dentro de otro Estado.
Reducir al mínimo posible la dependencia energética, dentro de las limitaciones de recursos con que cuenta la región.
Se realizarán inversiones en investigaciones y en obras para aprovechar al máximo posible las fuentes de energía alternativas (solar, eólica, biomasa, etc.) que la región posee. Algunas de estas inversiones, como pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, formarán parte de planes de desarrollo regional (riego, etc.).
Se introducirán gradualmente los costos medioambientales, mediante dispositivos fiscales, que castigarán a las fuentes de energía sucias y no renovables, en beneficio de las fuentes limpias y renovables, tornando más rentables proyectos que bajo la lógica estricta de mercado no lo son.
Los socios regionales negociarán contratos de garantía de abastecimiento, en aquellos energéticos (como gas y electricidad) que se adquieran en la región de un modo más o menos regular, a fin de complementar las propias necesidades de los países.
Promover el uso eficiente y racional de la energía, minimizar los impactos medioambientales y asegurar un desarrollo sustentable.
Deberán realizarse campañas educativas, financiadas por las empresas, tendientes a promover el uso eficiente y racional de la energía, evitando su dilapidación.
Se realizarán investigaciones y se facilitarán aquellas inversiones (en equipos de generación, distribución, consumo doméstico, etc.) que garanticen mayor eficiencia energética.
El Estado deberá asumir un rol directriz en el funcionamiento del sector energía.
En los países donde las funciones regulatorias y empresariales del Estado estén separadas se deberán crear agencias regulatorias para aquellos subsectores energéticos que aún no tienen y se pondrán en marcha los creados por las diferentes legislaciones. Se dará participación en estas agencias a representantes de los usuarios (residenciales y empresariales), así como a los trabajadores organizados, incorporando de esta manera a los diferentes actores sociales a las decisiones que tienen que ver con la gestión energética.
Se estudiará y se definirá una planificación de largo y mediano plazo del sector energía, en base a los principios antes señalados. Esta planificación definirá las principales inversiones que los países deberán realizar para asegurar su abastecimiento energético en condiciones de sustentabilidad y mínima dependencia externa, así como sus fuentes de financiamiento. En todos aquellos casos que sea técnicamente posible, se dará preferencia a la participación de la industrias de los países integrantes del MERCOSUR en el abastecimiento de los bienes de capital necesarios.
En los subsectores energéticos en que, por las nuevas regulaciones existentes o por la presencia activa de agentes privados, el mercado juega un papel importante, el Estado deberá vigilar el funcionamiento de dichos mercados, impidiendo los monopolios, oligopolios y los abusos de poder empresarial, en defensa de los consumidores. A su vez, deberá realizar la supervisión técnica de los sistemas y establecer los límites en la fijación de precios y tarifas. Serán, pues, mercados controlados y regulados.
Potenciar el papel de las empresas públicas de la energía como principales instrumentos de la política energética.
Se fortalecerá el papel dominante de las empresas del Estado, o de sus sociedades con privados, en los principales mercados energéticos. La empresa pública debe tener los tiempos, los instrumentos y el mandato de alcanzar el nivel de precios del mercado internacional, en particular el regional. Las negociaciones en el Mercosur se deberán orientar a ese objetivo. En los casos en que existen monopolios naturales, como en el transporte o la distribución de electricidad, se preservará el papel de las empresas estatales.
Ante la situación actual,
2)Los Trabajadores del Sub Sector Eléctrico y Gas reclamamos:
1. No realizar despidos en cualquiera de sus formas.
2. Respetar planteles para mantener el servicio, acorde a las necesidades del mismo.
3. Terminar con la tercerización.
4. Establecer una recomposición salarial para los trabajadores activos y pasivos del sector que les permita acceder a una canasta básica (que contemple alimentación, transporte, vestimenta, vivienda y educación).
5. Reafirmación de los convenios colectivos de trabajo vigentes.
6. Que la renta energética que hoy va a manos de los grupos económicos y hacia los centros financieros internacionales, que esa renta no salga del país y se invierta en la nación para desarrollar la producción en la industria y en el agro.
7. Al convertir en "Unidades de Negocios" separando producción, transporte y distribución, el sistema energético no responde a la naturaleza del sistema ni a los requisitos de seguridad y reserva, por lo tanto, retomar y/o no abandonar la indelegable función planificadora del Estado Nacional.
8. Terminar (en los casos que exista), con los contratos de concesión para la explotación de los recursos energéticos no renovables.
9. Proceder a la revisión de todas las privatizaciones realizadas, especialmente las que se hayan producidos por mecanismos inconstitucionales.
10. Anular la libre disponibilidad de los recursos energéticos para los monopolios y oligopolios privados que operan en la región. El Estado debe regular y racionalizar las exportaciones de estos recursos, determinando en relación a las reservas, los volúmenes de producción y las formas y precios de comercialización.
11. Definitiva suspención de privatizar las empresas energéticas por parte de los gobiernos de la región, estas deberán considerarse Patrimonio Nacional.
12. Terminar con los procesos judiciales de los dirigentes obreros y sociales por ejercer sus responsabilidades.
13. En el caso particular de Argentina, que se contemplen a las cooperativas eléctricas por generar políticas de protección por ser entidades de bien social.
14. Exigir a Gaseba Uruguay (filial de Gaz de France) y al gobierno de Uruguay el inmediato reintegro de los 7 dirigentes sindicales despedidos y el establecimiento de la estabilidad laboral para el conjunto de los trabajadores de Gaseba. Expresar a la vez su mayor solidaridad con la lucha por alcanzar estos objetivos que lleva adelante el Sindicato del Gas y el Pit-Cnt en su conjunto.
