LA ENERGIA ES VIDA
Los dirigentes sindicales de la energía del Mercosur reunidos en Florianópolis, Brasill, el 13 y 14 de diciembre de 2000, valoran que la inexistencia de políticas de desarrollo económico estatales de largo aliento, que no estén supeditadas a la peripecia política diaria, está conduciendo a un desarrollo energético librado únicamente al juego del mercado, a la iniciativa privada, y a las presiones de la Banca Multilateral de Desarrollo por la reestructura del sector energético. Su preocupación esta centrada en realizar inversiones en aquellos emprendimientos definidos no en función del interés general de nuestros países y sus habitantes, sino de cual es aquel que reporta un retorno más rápido y rentable de la inversiones a realizar.
1. El modelo dominante
La aplicación del modelo neoliberal y la reestructuración del sector energía en los países del Mercosur se ha manifestado en:
- La eliminación de los monopolios públicos y la introducción de la competencia en los mercados energéticos sustituyéndolos por oligopolios privados en los que predominan las empresas transnacionales.
Tenemos también empresas estatales como PETROBRAS que está internacionalizándose comprando refinerías de Venezuela y a través de acuerdos com la Repsol han asumido el control de la refinería de Bahía Blanca Argentina. Consideramos en ese aspecto que las estatales europeas que están comprando las estatales latinoamericanas tienen una forma de actuación igual a las transnacionales privadas maximizando el lucro y el répido retorno del capital invertido.
Frente al discurso de la desconcentración y diversificación de los capitales, existe una realidad: lo que se ha disgregado en estos años son las propiedades del Estado, pero la mayor parte de los activos transferidos al capital privado está concentrado en un pequeño número de empresas transnacionales -que han acaparado privatizaciones en varios de los países de la región y se están preparando para nuevos emprendimientos-. Los nombres se repiten: British Gas, Shell, AES, Enron, Amoco, Electricite y Gaz de France, Repsol, Unión Fenosa, etc. Asimismo, empresas latinoamericanas privatizadas se internacionalizaron y se incorporaron a esta lista: Chilgener, YPF, etc.
La libre competencia, por ejemplo entre generadores eléctricos, no significó que todos los consumidores finales tengan libertad de elección respecto a qué generador les suministrará electricidad. Sólo los denominados “grandes consumidores” -por lo general, industrias y comercios- tienen esa opción. Los demás consumidores -en especial los residenciales- constituyen un mercado cautivo de la empresa distribuidora que posee el monopolio local.
- Desverticalización o fragmentación de las cadenas energéticas en funciones básicas (por ejemplo: Generación, Transporte y distribución) a cargo de diferentes operadores.
En la realidad no se eliminaron ni las prácticas monopólicas u oligopólicas -que adoptaron nuevas formas-, ni la integración vertical de actividades, por lo cual los mercados no se transformaron -como preveían los impulsores de las reformas- en verdaderamente competitivos.
La regulación separó el mercado en segmentos (generación, transmisión y distribución), con el fin de lograr competencia en el submercado de generación y regular el transporte y la distribución en su carácter de monopolios naturales. Lo mismo sucede en el caso del gas.
Pero como esta división es antinatural -separa lo que es sólo una secuencia técnica de actividades-, la consecuencia real es que la actividad se reintegró a través de los accionistas y operadores privados, que se produjo a tres niveles: primero, reagrupando las centrales mediante accionistas comunes; segundo, integrando los diferentes procesos de la industria por el mismo procedimiento; y tercero, ligando los intereses eléctricos a otras actividades energéticas (gas).
- Pérdida de la calidad de los servicios. Los “apagones” de Buenos Aires, Chile o Brasil o el riesgo de que caiga el sistema en estos 2 últimos países por déficit de generación son resultados de los sistemas privatizados. Asimismo, el despedido masivo de trabadores calificados seguramente ha incidido también en la pérdida de la calidad del servicio. En Argentina, luego de la desregulación petrolera empeoró la calidad del servicio. Esto último fue debido a la proliferación de “sopas” (mezclas), con objetivos de defraudación fiscal. Algo similar ocurrió en Brasil, favorecido por la existencia de un sistema fiscal muy fraccionado.
- Aumento de las tarifas. Implementación de nuevos sistemas tarifarios para garantizar la rentabilidad a las empresas que se beneficiaron de las privatizaciones y desregulaciones.
El mercado petrolero ilustra claramente este proceso. Los consumidores son el “caballito de batalla” de los desmonopolizadores y liberalizadores. El argumento principal de estos es que las nuevas regulaciones, al promover la competencia, determinarán una caída de precios.
Sin embargo, la evidencia histórica no apoya este argumento. Como lo muestran los casos de Argentina, Chile, otros países de América Latina, España y Australia, entre otros, luego de la desregulación no se produce una caída de precios al consumidor, sino un aumento –más o menos significativo- del margen que apropian los sellos transnacionales.
En Argentina los precios de los combustibles se incrementaron en más de un 100% en una década de liberalización. En Guatemala los precios aumentaron entre un 30% y un 44% -desde 1994-; en Chile subieron más de un 40% desde la desregulación; en Brasil más de 30% -desde 1996-; en Colombia, de liberalización más reciente, los precios de la nafta se incrementaron 28%.
- Absoluta desprotección de los consumidores, como lo ilustran, entre otros, los ejemplos de Chile, Argentina y Brasil.
Chile, con sus reformas estructurales del sector energía, ha sido presentado como un “modelo a imitar”; su radical experiencia de privatización, liberalización e introducción del mercado y la competencia en el subsector eléctrico, se ha incorporado a los proyectos de cambio realizados en otros países latinoamericanos. El subsector eléctrico chileno parecía ser la demostración del éxito de un paradigma basado en la superioridad de la competencia y de la eficiencia privada que, de por sí, acarrearían beneficios a los consumidores (seguridad en el servicio, menores tarifas, etc.).
Pero la emergencia eléctrica que sobrevino en noviembre de 1998 puso de manifiesto la endeblez del paradigma, o de sus supuestas ventajas. Inesperados y repetidos apagones a gran escala, comunas que sufren cortes de luz después de las ocho de la noche y quedan completamente a oscuras, enfrentamientos entre el gobierno y las empresas eléctricas, conflictos entre estas empresas y los agricultores (por el agua), son sólo algunos de los aspectos en que se manifestó la crisis.
Fenómenos similares se vivieron con empresas privatizadas en Argentina y Brasil.
- Los órganos regulatorios creados, entre otros objetivos, para defender a los consumidores, no cumplieron esa finalidad. Por el contrario, se tornaron cómplices de los abusos y de las ineficiencias de las empresas privatizadas.
Organismos integrados por técnicos “independientes” no aseguraron independencia ni la defensa de los consumidores. Por el contrario, tal como lo muestra la experiencia regional, esos organismos regulatorios fueron presa fácil de las presiones de los intereses transnacionales.
- Aumento de las contrataciones de consultorías externas y compra de equipamientos de las casas matrices en detrimento de la producción nacional. Transferencia excesiva de las ganancias para las casas matrices en perjuicio de la inversión interna.
- Sustitución de los cuadros gerenciales nacionales de alta especialización por cuadros gerenciales extranjeros.
- Se promovió la producción y el consumo del gas natural en lugar de otras fuentes de energía sustentables sobre la base del menor costo. Tal promoción condujo a la conformación de nuevas matrices energéticas, y se realizó en el marco de la gestación de una nueva división del trabajo regional, para aprovechar los excedentes energéticos de algunos países y cubrir los déficits de otros.
El panorama global del Cono Sur muestra:
· Uruguay deficitario en todas las fuentes de energía primaria;
· Chile también deficitario, que recurre a las importaciones de petróleo y, desde hace poco, de gas natural proveniente de Argentina;
· Bolivia excedentario en petróleo y gas natural, que exporta a Brasil mediante gasoductos;
· Paraguay excedentario en electricidad, que exporta principalmente a Brasil y que está impedido por el Tratado de Itaipú de comercializar a otros países de la región teniendo u nivel de electrificación del 83%; es importador de petróleo crudo y combustibles refinados.
Cabe destacar en este punto
· Brasil, con una crecimiento extraordinariamente dinámico de su demanda energética y que para satisfacerla recurre a:
a. la energía de la región (gas de Bolivia y Argentina, electricidad de Argentina),
b. la exploración y explotación petrolera y gasífera en su territorio y plataforma marítima,
c. la inversión en nuevas centrales eléctricas, hidroeléctricas y, sobre todo, térmicas en base a gas natural.
· Argentina con una capacidad excedente –en relación a la demanda interna- de petróleo, gas natural y electricidad, que procura exportar hacia los países vecinos; a tales efectos ha promovido las interconexiones físicas (gasoductos, conexiones eléctricas) que la vinculan con los países vecinos y la creación de marcos regulatorios que permitan un comercio en condiciones de mercado.
- La integración regional se ha basado en las reglas del mercado (utilizando a los trabajadores como variable económica para la reducción de costos) en detrimento de una integración que apunte a la complementación energética y productiva y al incremento del nivel de vida de sus habitantes.
Los trabajadores del sector energía, así como el medio ambiente, han sido víctimas además de los consumidores en general- de estos procesos de cambio:
- Fuerte agresión de las empresas privatizadas a los derechos de los trabajadores y de los dirigentes sindicales.
- Despidos masivos de trabajadores en las empresas privatizadas.
- Aumento significativo del número de accidentes de trabajo, inclusive con muerte de trabajadores.
- Incremento de la agresión del medioambiente por parte de las empresas privatizadas.
Ante esta situación los Trabajadores del Sector Energía planteamos alternativas.
2) Lineamientos Generales para un Proyecto Alternativo
2.1. Principios Básicos
· La energía, que abastece a los hogares y servicios, es un servicio esencial, geopolíticamente estratégico para los países del MERCOSUR, patrimonio del pueblo y, por tanto, un bien social que no debería ser una mercancía.
Debe destinarse a impulsar el aparato productivo de cada país y la calidad de vida del pueblo, apuntando a generar puestos de trabajo para paliar las altas tasas de desempleo que sufre la población de nuestros países. Empleos en condiciones laborales dignas y seguras, sin que se atente contra el derecho a la sindicalización y con remuneraciones decorosas.
· El Estado deberá asegurar el acceso de la energía a toda la población,
-universlidad- no importando su nivel de ingresos o su localización geográfica. Se deberán desarrollar programas de electrificación rural con el objetivo de cubrir las zonas rurales aún alejadas de la red. Se deberán crear líneas de financiación públicas para fuentes de generación energética alternativas.
· Cada país tomado individualmente no puede pensar en una política energética de autoabastecimiento. Se debe implementar una política de complementación energética que fortalezca a la región en su conjunto. Complementación con el propósito de racionalizar inversiones, maximizar el uso de fuentes ya explotadas, compartir investigaciones tecnológicas, negociar de manera conjunta créditos internacionales, para incidir de manera determinante y para asegurar que nuestros pueblos puedan acceder a un bien tan imprescindible, como lo son hoy las diversas formas de energía.
Este proceso de complementación que nos permita lograr como región aceptables niveles de autoabastecimiento, debe respetar los distintos tiempos y realidades específicas de cada país. Las imposiciones de las transnacionales por alcanzar las llamadas “simetrías regulatorias” no pueden regir el proceso de integración energética.
· La política energética no deberá inducir al consumismo energético sino que, deberá promover el uso racional y eficiente de la energía, apelando simultáneamente a la educación y a estímulos económicos. Las inversiones en el sector energía no deberán orientarse sólo a aumentar la capacidad de generación o producción, sino también a la conservación y uso eficiente de la energía, reduciendo la dilapidación de recursos, tanto en las empresas como en los hogares.
Se deberá orientar a la población, mediante la información y la formación, en un uso racional de la energía, introduciendo políticas de ahorro, desestimando el derroche de la energía.
· La política energética deberá orientarse por la búsqueda del desarrollo sustentable: un tipo de desarrollo que integra las componentes sociales, políticas, culturales y económicas y que tiene como objetivo central lograr la satisfacción de las necesidades del presente sin limitar las necesidades de las generaciones futuras. Por tanto, no exige sacrificios a las actuales generaciones a fin de garantizar la cobertura de los requerimientos del futuro, sino que, en cambio, pretende satisfacer las necesidades sociales del presente de modo tal de no comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.
· La sustentabilidad de la política energética implica considerar el impacto ambiental de las inversiones energéticas: se tenderán a limitar las fuentes de energía más contaminantes y a promover las fuentes limpias y renovables. Gradualmente, se impulsará la introducción de los costos medioambientales en los costos de la energía, favoreciendo a las fuentes limpias y renovables.
· El mercado se ha revelado claramente insuficiente cuando se trata de orientar adecuadamente el uso de los recursos naturales (en particular los energéticos) y de promover las inversiones fuertemente intensivas en capital y de largos períodos de maduración como lo son las del sector energético. Esto significa que el sistema de precios por sí mismo es insuficiente para inducir una asignación de recursos en el seno del sistema energético que sea satisfactoria para la sociedad en su conjunto dentro de un horizonte de mediano y largo plazo. Con esto no se pretende quitar importancia a la influencia de los precios en el funcionamiento de los sistemas energéticos. Se trata en cambio de mostrar la necesidad de que la planificación energética debe actuar como complemento y orientación del sistema de precios a fin de lograr un sistema de abastecimiento energético satisfactorio, sin despilfarro de recursos y sin las indisponibilidades que significan altos costos sociales y pérdidas en el bienestar colectivo. El sector energía es un sector estratégico de la economía, por su influencia en la vida cotidiana de la población como por su incidencia en el funcionamiento económico. Por lo mismo, reclamamos que el Estado debe desempeñar un papel clave en el sector energía, tanto como regulador, como productor y comercializador.
· Se deberá reformular la regulación de modo que esté en consonancia con los objetivos estratégicos de la política energética y de forma tal que viabilice el proceso de planificación del sector. Los órganos regulatorios deberán integrarse con representantes reales de los usuarios y los trabajadores.
2.2. Principales orientaciones y acciones de la política energética
- Asegurar el carácter de servicio público de la energía eléctrica, el gas y los combustibles, permitiendo su acceso a toda la población.
- Se revisarán las regulaciones y las acciones que tienden actualmente a desvirtuar el principio de equidad, tanto social como geográfica.
- Se revisará la política de tarifas energéticas, procurando combinar más adecuadamente los criterios de eficiencia del servicio con el principio de equidad (social y entre empresas).
- Donde sea necesario, se incrementará el proceso de electrificación rural, asegurando la incorporación de toda la población a las fuentes de energía modernas.
- Se formalizarán las reglas para subsidiar el acceso a la energía por parte de los sectores más carenciados de la población.
- Formación de comisiones -integradas por usuarios, trabajadores y empresarios- de control social a los servicios de provisión de energía en los distintos niveles de gobierno.
- Deben establecerse eficaces controles del Estado a las multinacionales para que estas respeten las normas de seguridad, no cometan abusos hacia la población y aseguren el respeto al medio ambiente. Las empresas privadas, en especial las extranjeras deberán respetar las leyes laborales y las libertades sindicales de cada país de la región. No admitir un Estado dentro de otro Estado.
- Reducir al mínimo posible la dependencia energética, dentro de las limitaciones de recursos con que cuenta la región.
- Se realizarán inversiones en investigaciones y en obras para aprovechar al máximo posible las fuentes de energía alternativas (solar, eólica, biomasa, biogas etc.) que la región posee.
- Se introducirán gradualmente los costos medioambientales, mediante dispositivos fiscales, que castigarán a las fuentes de energía sucias y no renovables, en beneficio de las fuentes limpias y renovables, tornando más rentables proyectos que bajo la lógica estricta de mercado no lo son.
- Los socios regionales negociarán contratos de garantía de abastecimiento, en aquellos energéticos (como gas y electricidad) que se adquieran en la región de un modo más o menos regular, a fin de complementar las propias necesidades de los países.
- Promover el uso eficiente y racional de la energía, minimizar los impactos medioambientales y asegurar un desarrollo sustentable.
- Deberán realizarse campañas educativas, financiadas por las empresas, tendientes a promover el uso eficiente y racional de la energía, evitando su dilapidación.
- Se realizarán investigaciones y se facilitarán aquellas inversiones (en equipos de generación, distribución, consumo doméstico, etc.) que garanticen mayor eficiencia energética.
- Participación de los trabajadores organizados en el control de los impactos ambientales, integrando las comisiones de Seguridad e Higiene.
- El Estado deberá asumir un rol directriz en el funcionamiento del sector energía.
- En los países donde las funciones regulatorias y empresariales del Estado estén separadas se deberán crear agencias regulatorias para aquellos subsectores energéticos que aún no tienen y se pondrán en marcha los creados por las diferentes legislaciones. Se dará participación en estas agencias a representantes de los usuarios (residenciales y empresariales), así como a los trabajadores organizados, incorporando de esta manera a los diferentes actores sociales a las decisiones que tienen que ver con la gestión energética.
- Se estudiará y se definirá una planificación de largo y mediano plazo del sector energía, en base a los principios antes señalados. Esta planificación definirá las principales inversiones que los países deberán realizar para asegurar su abastecimiento energético en condiciones de sustentabilidad y mínima dependencia externa, así como sus fuentes de financiamiento. En todos aquellos casos que sea técnicamente posible, se dará preferencia a la participación de la industrias de los países integrantes del MERCOSUR en el abastecimiento de los bienes de capital necesarios.
- En los subsectores energéticos en que, por las nuevas regulaciones existentes o por la presencia activa de agentes privados, el mercado juega un papel importante, el Estado deberá vigilar el funcionamiento de dichos mercados, impidiendo los monopolios, oligopolios y los abusos de poder empresarial, en defensa de los consumidores. A su vez, deberá realizar la supervisión técnica de los sistemas y establecer los límites en la fijación de precios y tarifas. Serán, pues, mercados controlados y regulados.
- Potenciar el papel de las empresas públicas de la energía como principales instrumentos de la política energética.
- Se fortalecerá el papel de las empresas del Estado, o de sus sociedades con privados, en los principales mercados energéticos. La empresa pública debe tener los tiempos, los instrumentos y el mandato de alcanzar el nivel de precios del mercado internacional, en particular el regional. Las negociaciones en el Mercosur se deberán orientar a ese objetivo. En los casos en que existen monopolios naturales, como en el transporte o la distribución de electricidad, se preservará el papel de las empresas estatales.
Ante la situación actual,
2) Los Trabajadores del Petróleo, de la Electricidad y del Gas denunciamos y reclamamos:
1 No realizar despidos en cualquiera de sus formas.
2 Respetar planteles para mantener el servicio, acorde a las necesidades del mismo.
3 Terminar con la tercerización.
4 Establecer una recomposición salarial para los trabajadores activos y pasivos del sector que les permita acceder a una canasta básica (que contemple alimentación, transporte, vestimenta, vivienda y educación).
5 Reafirmación de los convenios colectivos de trabajo vigentes.
Que la renta energética que hoy va a manos de los grupos económicos y hacia los centros financieros internacionales, no salga de los países y se invierta en cada nación para desarrollar la producción en la industria y en el agro.
Los recursos energéticos son bienes inlieanables e imprescindibles de las naciones y deberían estar contamplados en sus constituciones.
6 Al convertir en “Unidades de Negocios” separando producción, transporte y distribución, el sistema energético no responde a la naturaleza del sistema ni a los requisitos de seguridad y reserva, por lo tanto, retomar y/o no abandonar la indelegable función planificadora del Estado Nacional.
7 Terminar (en los casos que exista), con los contratos de concesión para la explotación de los recursos energéticos no renovables.
8 Proceder a la revisión de todas las privatizaciones realizadas, especialmente las que se hayan producidos por mecanismos inconstitucionales.
9 Que sean establecidos instrumentos efectivos de control social de los servicios públicos de energía (gas, electricidad, petróleo) con el objetivo de garantizar la eficiencia eficacia desde el punto de vista de la universalidad, regularidad del abastecimiento, y tarifas justas, hasta la sustentabilidad ambiental.
10 Anular la libre disponibilidad de los recursos energéticos para los monopolios y oligopolios privados que operan en la región. El Estado debe regular y racionalizar las exportaciones de estos recursos, determinando en relación a las reservas, los volúmenes de producción y las formas y precios de comercialización.
11 Definitiva suspención de privatizar las empresas energéticas por parte de los gobiernos de la región, estas deberán considerarse Patrimonio Nacional.
12 Terminar con los procesos judiciales de los dirigentes obreros y sociales por ejercer sus responsabilidades. Respeto irrestricto de los derechos sindicales, particularmente en las empresas privatizadas, y en aquellas que a través de la tercerización, trabajan en el área de la energía. Asimismo, exigimos terminar con las prsecusiones políticas a las organizaciones sindicales y sociales que resisten a las políticas neoliberales y las prácticas autoritarias de gobiernos que utilizan a los parlamentos y la justicia como instrumentos de reprsión, violando convenios de la OIT ratificados por los mismos gobiernos.
En este punto destacamos como puntos críticos:
- En el Paraguay han sido sancionadas leyes que significan graves retrocesos para el sector trabajador. Una de las leyes ya promulgada es la ley nª 1615 denominada “EPER” donde por simple decreto permite al Presiente de la República privatizar las empresas públicas y derogar los contratos colectivos de los trabajadores. Asimismo, la ley de la Función Pública, recientemente sancionada constituye un grave retroceso en cuanto a algunas conquistas laborales como también en lo que respecta a la libertad sindical. Esta política ha sido aplicada sistemáticamente contra el Sitrande una clara política del gobierno que pretede desarticular a los sindicatos que se oponen al modelo económico. La situación de persecución sindical, la destrucción de las organizaciones sindicales y otros atropellos que se cometen a diario contra los trabajadores y trabajadoras paraguayos hacen que el sector sindical de la energía reclame a la CCSCS a enviar una delegación internacional al Paraguay para interiorizarse de la situación y coordinar con el movimiento sindical paraguayo acciones concretas de lucha de acuerdo a la clàusula 20 de la declaración sociolaboral del MERCOSUR
- Reiterar la exigencia a Gaseba Uruguay (filial GAZ de FRANCE) y al gobierno uruguayo dle inmediato reintegro de los 7 dirigentes sindicales despedidos y del establecimiento de la estabilidad laboral para el conjunto de los trabajadores de GASEBA. Expresando, a su vez, la mayor solidaridad con la lucha por alcanzar estos objetivos que lleva adelante elsindicato el GAS y el PIT-CNT en su conjunto.
13 En el caso de Argentina y Brasil, que se contemplen a las cooperativas eléctricas por generar políticas de protección por ser entidades de bien social.
14 Que los países del MERCOSUR y Chile ratifiquen el Convenio 174 de la OIT sobre accidentes industriales ampliados con repercusiones no sólo en la salud de los trabajadors sino también en el medio ambiente y adopten toda la legislación necesaria siguiendo los principios de la convención.
15 El cuadro de situación en la Argentina con respecto a la actividad nuclear conlleva la intencionalidad del gobierno de desarticular el complejo científico y técnico, el conocimiento y por ende el fruto de varias generaciones de argentinos: 50 años de historia de desarrollo nuclear tirados por la borda. Por esto, como contrapartida, desde nuestra organización -FeTERA- nucleada en la CTA en marzo próximo se realizará el primer congreso de trabajadores y científicos de la actividad nuclear para elaborar nuestras propuestas y de ese modo pasar a la ofensiva. En ese encuentro es vital la participación de los compañeros nucleares del Brasil para fomentar e intensificar la integración de los dos países con energía nuclear del continente.
16 A raíz de los aumentos del precio del crudo en el mercado internacional los precios fijados en Paraguay arroja pérdida a Petropar que se agrava por la imposición del aumento del impuesto selectivo al consumo convirtiendo a Petropar en una empresa deficitaria con gran riesgo de ir a la quiebra. Ante ésto los trabajadores nucleados al sindicato STRAPPAR denuncia la “maniobra” del gobierno de Paraguay para luego privatizarla.
17 Se deberá asegurar el acceso a la energía a toda la población independientemente de su situación económica y de su condición social. Como la mayoría de los países soportamos cada vez mayor exclusión, desocupados, subocupados y marginados es que proponemos el desarrollo e implementación de una tarifa social (de menor valor de lista) para estos sectores sumergidos.
